La diputada Aleida Alavez Ruiz, coordinadora del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, entregó a la senadora Olga Sánchez Cordero, la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
Durante el evento, realizado en el Senado de la República, la legisladora afirmó que es tiempo de incluir de forma integral la perspectiva de género a la Carta Magna y cuidar el bienestar y dignidad de las personas, “no los intereses del patriarcado y de un sistema político que solo abrió más la brecha de desigualdad”.
Agregó que la reforma constitucional denominada Ley 3de3 impacta en los derechos de quienes pretendan acceder al servicio público, si ejercieron violencia, no lo podrán hacer, ni en el servicio público ni en cargos de elección popular.
La violencia contra mujeres, adolescentes y niñas
Es un obstáculo para la igualdad sustantiva -aseveró-, y para reducir esas violencias es necesario cambiar las normas y acciones que la toleran y fomentan, con medidas preventivas y legislativas para eliminar aquello que refuerza las actitudes sexistas y discriminatorias.
Por eso, dijo, la Cámara de Diputados asumió la responsabilidad de construir nuevas estructuras jurídicas y el Grupo Plural impulsó elevar a rango constitucional la denominada Ley 3de3.
Destacó que con ella se limita el derecho a ser votado o nombrado en puestos públicos a personas con antecedentes, sentencias firmes por la comisión dolosa de delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, o violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; o bien, por tener sentencia firme como persona deudora alimentaria morosa.
Se envía un mensaje social muy claro de cero tolerancia a la violencia de género, y que ninguna persona agresora tendrá cabida ni espacio en este ni en ningún otro gobierno, ni podrá percibir ingresos del erario público, porque nuestros impuestos no pueden ser destinados a cubrir los gastos de quienes atentan contra la integridad y la vida de las mujeres y de las infancias.
No se debe normalizar más la violencia
Por su parte, la diputada Marcela Guerra Castillo, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, afirmó que con la Ley 3de3 el país cumple con los compromisos internacionales que ha firmado en esta materia, lo cual “nos llevará a subir el nivel de México en el mundo”.
Además, marcará un precedente no solo en Latinoamérica, porque las mujeres en países como Estados Unidos y Canadá viven la violencia y no tienen paridad.
Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, legisladora priísta, indicó que se trata de un ejercicio de recuperar la ética pública. Se pronunció por lograr una sociedad pacífica, de respeto, de derechos, y que no permita normalizar la violencia. “Que nunca más lleguen al poder ni desde la más mínima expresión en el servicio público hasta la máxima tribuna”.
Destacó la importancia de la reforma constitucional contra la violencia a las mujeres, porque no podemos cerrar los ojos a una realidad que lastima, duele y que sorprende por seguir aumentando sus cifras.
La diputada Amalia Dolores García Medina (MC) advirtió que habrá resistencias en el proceso de aprobación, porque luchamos contra una cultura y visión predominante en la sociedad que se refleja en todos los espacios de decisión.
Propuso una nueva cultura, con una sociedad comprometida con el respeto pleno a los derechos humanos. No queremos construir un nuevo Estado que se base en la presencia de personas violentadoras y agresoras. Es inaceptable.
Al hacer uso de la palabra, la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, afirmó que éste es un acto de respaldo al proceso legislativo de una minuta que se suma a las acciones que definirán a esta Legislatura ante la historia.
Foto: Engin_Akyurt
Suspenden derechos a violentadores, para ocupar cargo público o de elección popular
