Durante los trabajos de las Mesas de Diálogo bajo el esquema de Parlamento Abierto rumbo al PEF 2022, en el Tema 1: Gobierno, investigadores, académicos, especialistas y representantes sindicales, de partidos y de organizaciones civiles, expusieron sus inquietudes en materia presupuestal, seguridad, migración, salarios, educación y salud.
En el evento, organizado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Francisco Alberto Pérez, investigador en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, comentó que en comparación con otros miembros de la OCDE el gasto de México en seguridad es 33 por ciento menor, además los delitos en nuestro país tienen un costo mayor a lo que se está asignando, pues familias deben asumir costos de protección, que van desde el cambio de cerraduras a contratar personal de seguridad privada.
Mariana Campos Villaseñor, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señaló que la Guardia Nacional en realidad es una extensión de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de que contará con 62 mil 800 MDP, por lo que controlará de facto 166 mil 900 MDP.
Ello hace que el Ejército tenga 80 por ciento más presupuesto que lo pagado al cierre del proyecto anterior y volviéndolo uno de los proyectos más importantes de la presente administración, además de que contrasta con lo asignado a la Fiscalía General de la República, con lo cual se mantiene prácticamente sin cambios.
El Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Jesús Gilberto Gonzáles Pimentel, solicitó que en el presupuesto para el Poder Judicial se contemplen recursos suficientes para aumentar el salario de personal operativo, oficiales judiciales, secretarios, actuarios y personal administrativo, para no provocar desigualdad entre la base trabajadora y equilibrar los graves daños provocados por los acontecimientos de los últimos tiempos.
Migrantes mexicanos, olvidados de la agenda pública
Al hablar sobre el fenómeno de la Migración en Chiapas y sus afectaciones, María Elidia Castellanos Morales, docente de la sociedad civil, comentó que el incremento de las caravanas evidenció la falta de aplicación de políticas y leyes regulatorias con la capacidad de solventar las necesidades de esta población que llega a la entidad, por lo que se requiere de estrategias más eficaces.
Abundó que con la pandemia ha aumentado la trata de personas, corrupción, tráfico de drogas y feminicidios.
Enrique Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo de la organización civil Signos Vitales, advirtió que se está formando una brecha en materia de inversión y perdiendo el potencial de crecimiento, por lo que no será sorpresa si los incentivos a la inversión privada están siendo lastimados.
Resaltó que este presupuesto no toma en cuenta la potencial aprobación de la Reforma Energética y sus consecuencias presupuestales en corto plazo, lo que significa que el legislativo debe tener un estimado del costo, así como las indemnizaciones.
María de Los Ángeles Medina Acosta, representante de migrantes, manifestó que se ha olvidado a la población de migrantes mexicanos, por lo que se requiere la intervención de diputados en diferentes materias, como el apoyo a connacionales deportados para que tengan acceso a programas productivos, escuelas y trabajo; salud, visas humanitarias, educación, trámites consulares funerarios y de documentación de identidad.
El director general del Instituto Matías Romero, Alejandro Alday, destacó la importancia de la capacitación de funcionarios de diferentes dependencias, porque hay mucho interés de vincular a México con el mundo y existen retos como el cambio climático, la pandemia y el desarrollo, en los cuales se debe estar al día y tomar en cuenta la inversión en capital humano e investigación para posicionar al país que “está llamado a ocupar un papel de liderazgo en los próximos años”.
