Leonardo Núñez y Diana García*
El 31 de agosto de 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a pesar de que la Constitución establece que esta institución debe ser policial y de carácter civil.
El peligro más importante de esta iniciativa no es la ruptura del Estado de derecho al pretender que una ley secundaria contravenga a la Constitución. Tampoco es que la Guardia Nacional ya es, en los hechos, un cuerpo militar bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
El problema principal de esta iniciativa es que, aún cuando se repita una y otra vez que la Guardia Nacional (GN) mantendrá su carácter civil porque seguirá adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en realidad hará que todos sus elementos estén cobijados bajo el manto del fuero militar.
Esto quiere decir que…
Las acciones ilegales cometidas por los elementos de la Guardia Nacional quedarán fuera de la justicia civil —que aplica a todos los ciudadanos y fuerzas de seguridad pública, como las policías— y serán juzgados inicialmente dentro de la justicia militar.
Así se abre la puerta de par en par a la impunidad, pues tenemos un largo expediente nacional e internacional que muestra cómo los ciudadanos estamos prácticamente desamparados cuando los militares pisotean nuestros derechos.
En conjunto con el creciente presupuesto y mayores responsabilidades puestas en manos de los soldados —como evidencia la siguiente gráfica, las instituciones militares tienen el mayor presupuesto en décadas y, además, acumulan 234 funciones que antes eran de otras instituciones civiles—, la tendencia es clara: hoy los militares tienen más poder y menos contrapesos que en los sexenios pasados.
