Mitos sobre el éxodo de capitales: Certeza e inversión frente a la tributación de la riqueza acumulada.
Bernardo Méndez Lugo*
El debate económico en el norte del continente ha dado un vuelco histórico. La discusión en las urnas estadounidenses sobre el California Billionaire Tax Act (Propuesta 40) —que plantea un gravamen único del 5% al patrimonio neto mundial de los milmillonarios— demuestra que la tributación de las grandes riquezas, ha dejado de ser una utopía teórica para convertirse en una necesidad fiscal pragmática.
Respaldada por premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz y Paul Krugman, la iniciativa parte de una premisa fundamental: El éxito de una región no depende de la exención impositiva de sus élites, sino de la solidez de sus servicios públicos, su infraestructura y su cohesión social.
Si la economía más rica de los Estados Unidos requiere que sus ultra ricos aporten de manera proporcional, el espejo para México resulta ineludible.
En nuestro país, la disparidad distributiva es alarmante
Mientras millones de familias enfrentan carencias estructurales, la riqueza de un puñado de milmillonarios mexicanos —encabezados por figuras como Carlos Slim, Germán Larrea o Ricardo Salinas Pliego—, equivale a proporciones desmesuradas del Producto Interno Bruto (PIB).
Históricamente, el sistema tributario nacional ha descansado de forma desproporcionada sobre el consumo de las clases medias y los ingresos de los asalariados. Al mismo tiempo, se ha permitido que las fortunas acumuladas en la cúspide eludan su justa contribución mediante complejas lagunas legales, fideicomisos opacos, ganancias de capital no realizadas y estrategias de litigio corporativo sumamente agresivas.
El caso de Ricardo Salinas Pliego
Ejemplifica con nitidez las fallas en la progresividad y la fiscalización del sistema mexicano. El presidente de Grupo Salinas representa una postura de abierta resistencia frente al cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado.
El uso sistemático de decenas de recursos legales y amparos dilatorios para postergar el pago de créditos fiscales multimillonarios —derivados de auditorías a empresas como Elektra— demuestra cómo, las grandes corporaciones, logran instrumentalizar el andamiaje jurídico para retener capitales que pertenecen al erario público.
Si bien el conglomerado ha comenzado a liquidar adeudos históricos bajo esquemas de parcialidades forzados por resoluciones judiciales, la lección es clara: El cumplimiento fiscal no puede depender de la voluntad o la filantropía de las élites, sino de la fuerza institucional de la ley.
Ante este panorama, la reciente apertura del gobierno federal para evaluar impuestos a las grandes fortunas no solo es oportuna, sino indispensable para la sostenibilidad presupuestaria.
Los argumentos opositores suelen recurrir al fantasma del “éxodo de capitales”
Sin embargo, la evidencia en California revela lo contrario: Tras el anuncio del impuesto a la riqueza, el estado capturó el 80% de todo el financiamiento de capital de riesgo en los Estados Unidos.
Los grandes creadores de valor no abandonan las economías dinámicas por razones puramente fiscales; se establecen donde encuentran certeza institucional, infraestructura y mano de obra calificada.
México no debe limitarse a reformas fiscales cosméticas. Es necesario impulsar una propuesta legislativa integral que reforme el Artículo 73 y la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) para crear el Impuesto Especial a las Grandes Fortunas.
Siguiendo las recomendaciones técnicas de Oxfam México, este gravamen debe aplicar una tasa progresiva anual de entre el 2% y el 3.5% sobre los patrimonios netos —activos totales menos pasivos— superiores a los 100 millones de dólares.
Para blindar su efectividad, la ley debe complementarse con la instauración de una tasa de salida (exit tax) aplicable a quienes trasladen su residencia fiscal a paraísos fiscales, así como reglas estrictas de valoración para activos intangibles y fideicomisos privados.
Gravar a los súper ricos y frenar la elusión de personajes como Salinas Pliego, no constituye un acto de persecución corporativa, sino un paso civilizatorio elemental. Se trata de una reforma de justicia distributiva diseñada para financiar los pilares del futuro: Un Sistema Nacional de Cuidados, la transición energética limpia y el fortalecimiento de la salud pública.
Es momento de que la prosperidad de México deje de ser el privilegio exclusivo de una oligarquía y se convierta, mediante la ley, en el cimiento de toda la nación.
