Trámite de cambio de género en el CURP será gratuito, exprés y sin dictámenes médicos
Ivette Sosa
Con la meta de derribar los muros burocráticos que segregan a las poblaciones trans y no binarias en el país, la diputada Laura Hernández García (MC) presentó una iniciativa de vanguardia para garantizar por ley el derecho al reconocimiento de la identidad de género autopercibida en todo México.
La propuesta plantea la adición del artículo 93 Bis a la Ley General de Población. El cambio medular establece que cualquier persona inscrita en el Registro Nacional de Población tendrá la facultad de rectificar sus datos registrales —incluyendo el nombre y el identificador de sexo o género— de manera expedita y sin discriminación.
Despatologización: Adiós a los filtros psicológicos y judiciales
La iniciativa, turnada a la Comisión de Gobernación y Población, estipula un cambio radical en la forma de gestionar la identidad legal. El reconocimiento se blindará bajo un procedimiento estrictamente administrativo, confidencial, ágil, gratuito y libre de condicionantes.
Bajo este nuevo esquema, el Estado mexicano dejará de exigir:
- Pruebas o diagnósticos psicológicos
- Certificados médicos de transiciones corporales
- Intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales previstos.
Además, el mecanismo será plenamente accesible para niñas, niños y adolescentes, aplicando el principio de capacidad progresiva y el interés superior de la niñez.
Inclusión de identidades no binarias y de género fluido
En su exposición de motivos, la legisladora argumentó la urgencia de superar las estructuras cisnormativas que invisibilizan la diversidad.
Sustentó la propuesta con datos oficiales del INEGI (Endiseg 2021), los cuales revelan que el 65.2% de las personas con un género distinto al asignado al nacer no se identifican bajo los términos tradicionales de transgénero o transexual, sino dentro de espectros diversos como el género no binario, fluido, queer o agénero.
Por ello, la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Población coordinarán esfuerzos con los registros civiles estatales y la red consular en el extranjero. El fin es sincronizar de forma inmediata la actualización de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y demás documentos de identidad oficiales.
Para asegurar que la ley no quede en letra muerta, la iniciativa es contundente: Cualquier negativa injustificada, retraso deliberado o condicionamiento indebido por parte de los funcionarios públicos para reconocer la identidad autopercibida será calificada y sancionada penal o administrativamente como un acto de discriminación.
La propuesta busca unificar los criterios registrales del país, asegurando que factores como la edad, la situación económica o el lugar de residencia dejen de ser una barrera para que los ciudadanos ejerzan el derecho pleno a su libre desarrollo de la personalidad y su proyecto de vida.