La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Lilia Aguilar Gil (PT), organizó en el estado de Jalisco el foro Derecho al suelo, el cual se enmarca en la segunda edición del Parlamento Abierto Hacia una vivienda adecuada, que consta de una serie de foros regionales.
El objetivo de éste fue configurar el derecho humano al suelo y revisar las perspectivas legislativas para el aprovechamiento de la tierra en el desarrollo urbano y rural, procurando un medio ambiente sano, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la vivienda adecuada.
Aguilar Gil afirmó que no basta con generar un acceso al suelo, sino que también se requiere seguridad y un trabajo permanente y solidario para convertirlo en un hábitat sustentable.
Destacó la importancia de reivindicar los derechos humanos de las personas que han sido despojadas de un espacio primario para la vida.
Necesitamos, como Estado, garantizar el derecho al suelo como un espacio primario para la vida y desarrollo esencial para las personas y garantizarlo como un derecho constitucional.
La diputada María Asención Álvarez Solís (MC) mencionó que el derecho al suelo es una garantía fundamental que permite contribuir en la solución del problema de vivienda que padece el país, y buscar soluciones para crear una política nacional de desarrollo urbano, manejo del suelo e impulsar programas de vivienda que generen una planeación territorial adecuada.
Apuntó que la dificultad para poseer una vivienda digna se debe a que en distintas entidades el costo del suelo es elevado, lo que propicia que las casas habitación sean inaccesibles para la mayoría de la población, lo que provoca una expulsión de las personas con menos ingresos hacia las periferias.
Vivienda y servicios urbanos
Juan Antonio González Mora, director general del Instituto Jalisciense de la Vivienda, dijo que el problema del derecho al suelo radica en que los sectores de la población se han visto imposibilitados para acceder a viviendas y servicios urbanos básicos.
Destacó que Jalisco es un estado pionero en manifestar su interés para resolver los problemas que genera el crecimiento urbano y esto se demuestra en los diferentes instrumentos normativos y legales que se han emitido desde el Legislativo, con la finalidad de contribuir al desarrollo armónico y equilibrado en el territorio.
Beatriz Vera Castillo, de la Procuraduría Agraria jalisciense, destacó la importancia de que exista un plan de desarrollo urbano-municipal donde se indique si una zona que se considera como asentamiento humano está contemplada en el desarrollo urbano municipal.
Vía zoom, Plutarco García Jiménez, director en jefe del Registro Agrario Nacional, dijo que se debe impulsar un nuevo agrarismo que fortalezca el derecho de la mujer a la tierra y a la producción, el desarrollo de ejidos y comunidades, que considere las reservas territoriales en ejidos y comunidades para el desarrollo y crecimiento urbano, que frene el despojo y la mercantilización abusivo de tierras.
Es prioridad romper con círculos viciosos de despojo, pobreza y contradicción que hay entre el campo y la ciudad.
Armonizar leyes y normas
El director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, José Alfonso Iracheta Carroll, expresó que la especulación inmobiliaria es un factor que determina que las ciudades crezcan de forma irregular, caótica y en procesos de expulsión al generar suelo y vivienda que no es asequible para la mitad de la población.
Ante ello, propuso una planeación urbana que permita construir capacidades en los municipios en materia de vivienda y aprovechar el suelo en altura.
Carlos Romero Sánchez, procurador de Desarrollo Urbano de Jalisco, planteó que las procuradurías de ordenamiento territorial están llamadas a ser un referente para contar con ciudades asequibles y un marco del desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades de la población. Enfatizó la necesidad de armonizar las normas actuales, ya que se tiene una Ley General de Asentamientos Urbanos reciente y un código urbano vigente desde el 2009.
René Caro Gómez, titular de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio de Jalisco, consideró que el derecho al suelo y a la vivienda es esencial para reducir la pobreza, sostener el desarrollo económico y la inclusión social.
Agregó que se debe lograr que las ciudades sean seguras, resilientes y sostenibles.
