El cambio constitucional sobre las reformas a la Constitución en materia de áreas y empresas estratégicas, requerirá de subsidios que aumentarán el gasto público, dice Acción Nacional desde el recinto de San Lázaro.
El diputado César Augusto Rendón García señaló que el cambio constitucional refuerza el control estatal y genera grandes retos por las dificultades económicas y operativas de esas empresas; serán dirigidas por el Estado, sin autonomía de gestión, marco jurídico ni patrimonio propio.
Además, elimina el enfoque de rentabilidad y competitividad, compromete la autosuficiencia económica, genera un deterioro en la calidad de servicios, disminuye la inversión, la innovación y la modernización, lo que se traduce en mayores subsidios que aumentarán el gasto público.
En tanto, María Angélica Granados Trespalacios, también de Acción Nacional sostuvo que la figura jurídica de empresa pública del Estado deja en el misterio cómo operará en los hechos; centraliza la conducción de la energía en el Ejecutivo, regresa el monopolio, destruye el mercado de la energía y desincentiva la inversión, la competencia, el desarrollo tecnológico y la transición energética.
No será un modelo basado en las mejores prácticas y la competencia, sino uno en el que faltarán la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la operatividad de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de CFE.
Violenta principios constitucionales en materia de derechos humanos
El diputado Mario Zamora Gastélum (PRI) aseguró que el dictamen violenta los principios constitucionales en materia de derechos humanos, por lo que al aprobarlo “generaríamos contradicciones entre disposiciones nuevas y las ya establecidas, ya que no existe jerarquía legal entre los artículos constitucionales.
Varias de las disposiciones planteadas no podrán prevalecer sobre los derechos fundamentales, debido a que resultan regresivas y estamos trastocando tratados comerciales con nuestros principales socios, como son los Estados Unidos, fustigó.
El legislador Yerico Abramo Masso, también del tricolor, subrayó que no se habla del saneamiento financiero de Pemex ni de CFE, y de cómo se resolverá el problema de la generación y la distribución eléctrica para que sea garantizada.
Además, no se aborda el cómo generar las condiciones para transitar a un modelo de energía sustentable y limpia, ni cómo poder darle tarifas más competitivas y económicas al sector residencial, a los usuarios y al sector industrial.
Necesario, garantizar energías limpias para la población
De MC, la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas dijo que el primer paso para consolidar la seguridad energética debería ser fortalecer las capacidades estatales, darle herramientas a la empresa del Estado para que pueda generar electricidad más limpia y menos costosa.
Del mismo grupo parlamentario, la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez señaló que en las reformas no se establecen los detalles de cómo se va a regular la inversión privada; hay limitación en la competencia privada, coloca en una sola persona la fijación de la política energética y el control del sistema, y no hay definición de la empresa pública.
México necesita un país competitivo en energías limpias. Es una reforma tóxica y tiene una pobreza energética.
Por su parte, Gustavo Adolfo De Hoyos Walther, diputado de MC, indicó que el sector público no puede asumir el reto eléctrico solo.
Los cambios que se proponen imposibilitarían la inversión privada, al imponer el predominio de la Comisión Federal de Electricidad y define un sistema eléctrico orientado en la seguridad en lugar de la eficiencia. Las modificaciones retrasarían las inversiones y detonarían conflictos nacionales e internacionales, al afectar el acuerdo del T-MEC y los consumidores amparados enfrentarían incertidumbre, lamentó.