¿Cuál es la intención de Trump al nominar a Stephen Miran al Consejo de Gobernadores del Sistema de Reserva Federal? La respuesta está en el documento La Reforma a la gobernanza de la Reserva Federal para entregar mejores resultados monetarios (Reform of Federal Reserves governance to deliver better monetary outcomes), presentado el año pasado por Daniel Katz y por el propio Stephen Miran para inspirar y orientar la política económica de Donald Trump.
Mario Lettieri y Paolo Raimondi, desde Roma*
Así, Trump nominó a Katz a la jefatura de la oficina del Departamento del Tesoro y a Miran presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Miran es también el autor del llamado Acuerdo de Mar-a-lago, el manual intocable de la idea trumpista de impulsar la industria estadounidense mediante la devaluación del dólar y aranceles masivos sobre todos los otros países.
Aunque existan críticas válidas a las acciones de Fed, ellas no pueden utilizarse para dar al presidente un poder casi dictatorial para encabezar todos los sectores monetarios y financieros de acuerdo con el manual de economía de un líder del mundo.
Y esto ya se convirtió en tendencia. Por ejemplo, la nueva Ley Estatal de Vigilancia Anti-CBDC y una orden ejecutiva presidencial prohíben a la “Fed” crear una moneda digital. Además de esto, el Banco Central no puede tener poder decisorio ni control sobre cualquier asunto relacionado con las criptomonedas y stablecoins.
El Sistema de Reserva Federal estadounidense fue creado en 1913, después de una serie de crisis financieras. En resumen, funciona así: El Consejo de siete miembros es elegido por el presidente de la República y aprobado por el Senado, siendo encargado de nominar entonces al presidente del Banco Central.
Existen también 12 Bancos de Reserva regionales con diferentes funciones y responsabilidades específicas –New York, Boston, Filadelfia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, San Luis, Minneapolis, Kansas City, Dallas y San Francisco. Sus accionistas son, en su mayoría, personas físicas, bancos y fondos, quienes eligen a seis de los nueve miembros de los consejos de cada Banco de la Reserva.
Hay también el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), compuesto por el presidente de la “Fed”, los siete miembros del Consejo y los 12 Bancos de la Reserva (además de New York, solamente cuatro tienen derecho a voto en sistema rotativo). Entre otras atribuciones, él define la tasa básica de interés, iniciativas para controlar la inflación y maximizar el empleo, la compra y venta de títulos del Tesoro y la posible creación de nueva liquidez.
Bajo los lemas e “nacionalización y federalismo” y “mayor democracia y transparencia, se propone que los presidentes de los Bancos de la Reserva regionales sean elegidos por los gobernadores de los estados donde se ubican y que, técnicamente, tengan mayoría de votos en las reuniones regulares del FOMC.
La reforma empieza con una serie de condenas
Algunas comprensibles, de ciertos comportamientos de “Fed” en las últimas décadas. Por ejemplo, las compras a gran escala de activos después de la crisis financiera de 2008, las cuales distorsionaron la localización del crédito en la economía: el acomodamiento excesivo monetario (la llamada flexibilización cuantitativa); el rechazo de la inflación incipiente como “transitoria”; y una repentina alza de intereses después de llevarlos a cero. Todas estas decisiones contribuyeron al excesivo endeudamiento de la “Fed”, una caída de la renta real y la mayor inflación en cuatro décadas.
Los autores del artículo , que apoyan a Trump, afirman que la Fed se volvió, efectivamente, un gran partido político que interfiere en todas las cuestiones políticas y económicas, particularmente, en la política fiscal, que es de responsabilidad del Departamento del Tesoro.
Pero el verdadero objetivo de la reforma es la desautorización de la “Fed”, relegándola a un papel verdaderamente marginal. Ella prevé una exclusión del Banco Central en funciones consideraas no monetarias, incluyendo la regulación y supervisión bancaria, localización y racionamiento de crédito y políticas de respuestas a las crisis. Todo esto, y mucho más, parte de las funciones fiscales del Poder Ejecutivo, serían supervisadas directamente por personas nombradas por el presidente.
Además de todo, en el caso de que una emergencia financiera declarada por el presidente de la República, el vicepresidente de la Fed, encargado de supervisar la respuesta a la crisis, asumiría la autoridad sobre todos los programas y cualquier compra de activos que no fuesen exigidos por el gobierno federal. En ejercicio de esta autoridad, él se reportaría directamente al presidente de los Estados Unidos.
Todavía más, los miembros de los consejos de la Fed” y de los Bancos regionales de la Reserva debería ser removibles a criterio del presidente, “para garantizar su responsabilidad operativa al proceso democrático y el alineamiento con el proyecto constitucional adecuado”. Esto marcaría el fin de la llamada independencia del banco central.
*MSIA Informa
