Paulina Téllez Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, señaló que para hacer reformas e iniciativas hay que ver cómo se implementan, porque el gran fallo de hacer reformas es que no se ve la parte práctica y muchas quedan en lo hipotético.
Durante el foro “Agenda en Materia de Justicia. Retos y Oportunidades hacia la LXV Legislatura”, donde participan diputadas, especialistas, magistrados e investigadores, aseveró la funcionaria que La justicia no está, no va a estar y no se va a dar un cambio con la reforma al Poder Judicial de la Federación; se va a dar cuando pongamos atención a las reformas que necesita la justicia estatal.
El magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, resaltó que la independencia de los jueces es una protección para la soberanía, pues se requiere de un juez libre y que respete los derechos.
Sin ello, no se puede hablar de un Estado derecho libre y moderno. En muchos estados se ve al Poder Judicial como algo accesorio, pero la pandemia ha demostrado la importancia de la justicia expedita a nivel local, indicó.
Luisa Conesa, socia de Conesa y Moreno Abogados, cuestionó que en la actual ley con la mera percepción de un conflicto de interés o una falta administrativa se dé un cambio de adscripción a jueces.
Pensar que puedan ser removidos sin causa o proceso claro, puede ser una amenaza a la independencia judicial, advirtió.
Hugo Alejandro Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que de no existir independencia judicial se cae la labor jurisdiccional, la protección de los derechos y las garantías para que la separación de Poderes se mantenga, es decir, se desfonda la democracia constitucional.
Viabilidad en torno a un Código Penal Único
Rodolfo Félix Cárdenas, abogado postulante y exprocurador General de Justicia del Distrito Federal, expresó que un Código de esta naturaleza exige de mucha discusión y por eso la responsabilidad del Congreso, por lo que es necesario un debate con gente que sepa del tema.
Susana Camacho Maciel, de Borde Político, comentó que se debe pensar si el Código nacional resolvería el tema de la dispersión penal, si se quiere que las mismas sanciones sean aplicadas para las mismas conductas por todo el país, si se está dispuestos a centralizar más la labor legislativa y sobre todo tratándose de un instrumento tan importante de poder como es el derecho penal.
Si no hay un estudio profundo de armonización con el Código Nacional de Procedimientos Penales, es mejor dejarlo como está, indicó.
Italy Ciani Sotomayor, investigadora del INACIPE, indicó que hablar del código penal único implicaría tener una visión minimalista que garantice un derecho penal mínimo, una selección muy cuidadosa de los tipos penales que se van a preservar, cuáles se van a sacrificar y una revisión minuciosa de agravantes.
Me encantaría un código penal único, pero me preocupa saber la pluma o plumas que lo van a escribir y si el riesgo es mayor, yo preferiría que nos quedemos como estamos, arguyó.
Rodrigo Ozuna Solsona, especialista en el sistema penal acusatorio, señaló que el tema de codificación penal único sería positivo y tendría bondades como otorgar certeza jurídica; no ha prosperado por factores como el enfoque político en delitos donde no hay consensos, temas de costumbres y lo relativo al federalismo.
Lo primero que se debe definir -indicó-, es hacia dónde queremos ir en materia penal, por un lado, tenemos un catálogo cada vez más obeso de prisión preventiva, figuras cuestionables como el arraigo, y por otro la presunción de inocencia.