Funcionarios, especialistas, investigadores y sociedad civil participaron en el Foro 18: Medio Ambiente, Agenda 2030 y Cambio Climático, del Parlamento Abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal.
La diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM), presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expresó que con estos foros se podrá contar con elementos necesarios para emitir una opinión completa e informada sobre las implicaciones ambientales de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica.
Mencionó que el reto no es sencillo; por ello, es indispensable mirar hacia los acuerdos de la comunidad internacional, a fin de actuar de manera coordinada hacia la misma ruta. Añadió que los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 constituyen esa hoja de ruta para que todos los países transitemos hacia la sostenibilidad y nadie se quede atrás, particularmente en una nación con profundas desigualdades, como México.
Política energética es inaplicable en el corto y mediano plazo
Al participar en el Tema Cinco: Medio Ambiente y Transición Energética, el presidente de la asociación civil “Ciudad Posible”, José Luis Luege Tamargo, señaló que la política energética del Gobierno Federal es inaplicable en el corto y mediano plazo y, por lo tanto, requiere de un giro de 180 grados en función del enorme reto que tiene México en la materia.
Además -dijo-, incumple compromisos internacionales en cuanto a reducción de emisiones e incorporación de mayor porcentaje de uso de energía renovables en la generación eléctrica.
Añadió que la iniciativa incidiría negativamente en la salud de millones de personas, debido al incremento en la contaminación de la atmósfera en función de mayores emisiones de dióxido de azufre y partículas.
La política energética del Gobierno busca la autosuficiencia basada en convertir el petróleo crudo en combustible; esto es materialmente imposible en el corto y mediano plazos, expresó.
Residuos sólidos urbanos
Al hablar a favor, Luis Raúl Tovar Gálvez, investigador en el Instituto Politécnico Nacional, señaló que diariamente se generan 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos, que “si se manejasen adecuadamente pudiésemos hacer economía circular”.
Enfatizó que el metano es el principal constituyente del gas natural y se llegan a generar 204 mil millones de pies cúbicos por día; esta es energía renovable no intermitente y es una opción que la CFE ciertamente puede aprovechar.
CFE no tiene recursos para atender energías renovables
Alberto de la Fuente Piñeirua, director general de Shell México y presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, señaló que la iniciativa de reforma propone que la CFE sea la única responsable de la transición energética del país, pero hoy no tiene por sí sola ni la infraestructura ni los recursos para atender la demanda de energías renovables y así avanzar hacia un futuro de menos emisiones.
Indicó que en los últimos años, la CFE no ha invertido lo suficiente en energía renovable.
La propia iniciativa quita incentivos a la inversión. Con el mecanismo de despacho que se propone las energías renovables caerían 32 por ciento al año respecto al total de la energía generada, según estimaciones de nuestro Consejo, arguyó y añadió:
La transición energética es un reto tan grande que nos obliga a todos a entrarle; si nuestra sociedad quiere contribuir al desarrollo de México, entonces no tengamos miedo a trabajar juntos, encontremos los puntos en común, pensemos en una reforma que sí detone el desarrollo y cuide el medio ambiente.
Los compromisos son insuficientes
Ninel Escobar Montecinos, subdirectora de Cambio Climático y Energía de la organización Fondo Mundial para la Naturaleza, refirió que la exposición de motivos de la iniciativa no cuenta con una estimación de las emisiones de GEI que se generarían en el tiempo y cómo se garantiza el cumplimiento de los compromisos establecidos en las leyes. Falta un análisis de otras emisiones contaminantes que afectan significativamente la salud de las personas.
Destacó que la iniciativa de reforma energética genera incertidumbre regulatoria para la inversión privada y no contempla los proyectos comunitarios.
No reconoce el papel activo de los distintos actores de la sociedad en la transición energética hacia un sistema eléctrico descarbonizado, pero sobre todo democratizado.
Dijo que los compromisos nacionales que se tienen son altamente insuficientes para alcanzar la meta comprometida por todos los países firmantes en el Acuerdo de París, de no rebasar el calentamiento global promedio por arriba de los 1.5 grados.
