Este viernes, Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJN), otorgó una suspensión en contra del plan B electoral, promovido por el Ejecutivo de la Nación.
A través de un despacho de prensa, el Poder Judicial indicó que el ministro admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de las reformas en materia electoral.
Dicha suspensión fue otorgada debido a que el decreto no sólo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede, se precisa.
El ministro Laynez solicitó tanto al Congreso de la Unión como al Ejecutivo federal, que presenten su contestación dentro del plazo legal.
El 9 de marzo
El Instituto Nacional Electoral presentó una segunda controversia constitucional en contra del segundo paquete de reformas del plan B.
La demanda buscaba una suspensión contra del decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 2 de marzo.
❝La ley es la ley❞
Con legítima satisfacción conocemos de la decisión del Ministro Javier Laynez de admitir la Controversia Constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral contra un grupo de leyes, conocido genéricamente como el Plan B en materia electoral, señala comunicado de Santiago Creel Miranda.
Ante tal decisión, que comporta también la suspensión definitiva de la aplicación de tales ordenamientos, aplaudimos el hecho de que la ley es la ley y que tenemos fundados motivos para exaltar la división de Poderes.
El comunicado de la Suprema Corte en el que se da a conocer estas decisiones subraya que el máximo Tribunal de nuestro país está haciendo valer la salvaguarda de los derechos humanos y las posibles afectaciones a los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Mi reconocimiento al Poder Judicial de nuestro país y particularmente a nuestro Tribunal Constitucional, destaca Creel.