La Comisión de Radio y Televisión, que preside el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra (PAN), continuó con las mesas 11 y 12 del foro Reforma de Telecomunicaciones: Desafíos y Oportunidades, donde especialistas y académicos reflexionaron sobre las audiencias y libertad de expresión, así como el impacto y alcances de la propuesta presidencial en esa materia.
Monraz Ibarra sostuvo que los organismos autónomos son fundamentales para generar certidumbre en la relación entre privados y el Estado. Agregó que se requiere conocer los alcances que tendrá la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
La diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, consideró que la nueva ley en telecomunicaciones tendrá que proteger a las audiencias más vulnerables como la infancia y adolescencia en la Internet y medios digitales.
“Audiencias y libertad de expresión en la reforma de telecomunicaciones”
Arturo Ramos Sobarzo, director del Centro de Investigación e Información Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, comentó que es necesario que esta ley tenga una mayor coordinación entre los involucrados para evitar contradicciones y el empate con los derechos; además, refirió que se debe dividir tajantemente un hecho noticioso de una opinión.
María Lizárraga Iriarte, consejera de la asociación civil “A Favor de lo Mejor”, expuso que esta reforma restringe los derechos de las audiencias, exclusivamente a aquellas del servicio público de radiodifusión y a los servicios de televisión restringida.
Además, excluye a quienes consumen contenidos audiovisuales a través de las plataformas y aplicaciones digitales, lo cual genera un vacío en la protección de las garantías de las y los usuarios.
Eli Manuel Ramírez Villaseñor, abogado especialista en Derecho de las Telecomunicaciones y Radiodifusión, dijo que parte del mecanismo para solventar las necesidades y garantizar los derechos de las audiencias es mediante una alfabetización mediática, que consiste en tener los conocimientos y capacidades de comprensión que permitirán a los espectadores utilizar con seguridad y eficacia estos medios.
El integrante del Consejo Directivo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Luis Enrique Pereda, sostuvo que la libertad de expresión se perderá al contemplar que una oficina pública de autorización previa por escrito para la publicación de un texto y esto se convierte en prohibición.
El exdirector jurídico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Gonzalo Sánchez Tagle, manifestó que la prioridad de la nueva autoridad es generar una política de Estado sin contrapesos y de forma vertical.
Consideró que una cosa es mejorar y la otra modificar el sistema, para que se pierdan las garantías institucionales.
Encuentro plural sobre impacto y alcances ante reforma en telecomunicaciones y radiodifusión
Ana Claudina García, vicecoordinadora del Comité de Telecomunicaciones de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, dijo que el uso de suelo en estados no son compatibles con la instalación de telecomunicaciones, por lo que se deben modificar las regulaciones locales para desplegar cobertura en zonas rurales.
El director jurídico de IENTC Telecomunicaciones, Fernando Alberto Sánchez Assad, mencionó que la iniciativa permite que autoridades locales establezcan cuotas por instalación de redes de telecomunicaciones, algo que se prohíbe; además, debilita la protección contra barreras locales y no compensa la pérdida con ningún mecanismo.
Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, señaló que hay una profunda preocupación por el artículo 109 al habilitarse de manera discrecional bloqueos de plataformas digitales ante incumplimientos ambiguos.
El diablo no está en el artículo, sino en los detalles, expresó.
Vía plataforma zoom, el director ejecutivo Alianza Latinoamericana de Telecomunicaciones (ALT), José F. Otero, afirmó que persiste el riesgo de censura, además que la nueva Agencia abre la puerta a la discrecionalidad, aunado a que podría ser instrumentalizada para fines políticos, a lo que se suma que las multas podrían provocar abusos regulatorios y autocensura de medios.
