La discusión nacional sobre la nueva ley de aguas ha encendido alertas en el sector privado por el alcance de los cambios propuestos.
La iniciativa busca devolver al Estado un papel central en la administración del recurso, proteger el agua como un bien público y garantizar que la población cuente con acceso asegurado.
Aunque estos objetivos generan amplio respaldo, también abren interrogantes sobre el impacto real que tendría en las operaciones de las empresas, una vez que se apruebe y ponga en marcha.
La propuesta representa una transformación profunda en la relación entre las compañías y el recurso hídrico.
El agua dejará de verse únicamente como un insumo y pasará a considerarse un componente estratégico sujeto a un escrutinio sin precedentes, señala Sigfredo Corral, Consultor en DAP – Despacho de Asuntos Públicos. Este cambio obligaría a las empresas a replantear sus modelos de consumo, su infraestructura interna y hasta la viabilidad de ciertos procesos que hasta ahora dependían de un marco regulatorio más flexible.
Para el sector privado, el punto crítico no es solo la reforma, sino la velocidad con que deberá adaptarse, si es aprobada
La supervisión más estricta, la prohibición parcial de transferir concesiones, la obligación de medir consumos con mayor precisión y las sanciones más severas por incumplimientos podrían traducirse en incrementos de costos operativos. Aun así, no todo se perfila como un desafío.
También surgen ventanas de oportunidad relacionadas con innovación tecnológica, ahorro de agua y transición hacia sistemas más eficientes.
Según CONAGUA, en México seis sectores productivos (azucarero, químico, petrolero, celulosa/papel, textil y bebidas), consumen casi el 80 % del agua industrial y del consumo de agua de la industria, aproximadamente el 50% se usa para enfriamiento, 35% en procesos, 5% en calderas y 10% en servicios.
El mayor desafío para las compañías, radica en la falta de preparación
Quedarse quietos es la peor estrategia, afirma Sigfredo Corral, por lo tanto, recomienda revisar el estatus legal de las concesiones vigentes, evaluar la dependencia hídrica de cada proceso, modelar escenarios de restricciones y considerar inversiones en tecnologías de reúso y captación.
También destaca la importancia de establecer diálogo temprano con autoridades locales y federales ante el mayor involucramiento del Estado en la toma de decisiones.
La narrativa del gobierno federal apunta hacia la equidad, la eficiencia y la sustentabilidad, sin embargo, organizaciones civiles y académicos advierten que la iniciativa no termina de romper con viejas prácticas. Alertan que no garantiza una redistribución justa del agua y que algunos sectores con mayor influencia podrían mantener posiciones privilegiadas.
Sigfredo Corral coincide en que esas dudas no deben desestimarse:
La iniciativa busca corregir inercias históricas, pero su redacción deja áreas grises que podrían perpetuar desigualdades en el acceso y en la concentración de concesiones.
Enfatiza Corral que mientras la iniciativa avanza en el debate legislativo, el sector privado no debe esperar al desenlace para actuar.
De aprobarse, la nueva ley implicará un cambio irreversible en la forma en que México gestiona y distribuye el agua. Las empresas deben de priorizar dicha revisión y prepararse para no enfrentar el ajuste con desventaja.
