La atención sanitaria debe ser un puente de cooperación internacional y no una frontera que excluya a trabajadores, mujeres y jornaleros vulnerables.
Bernardo Méndez Lugo*
A lo largo de mi trayectoria profesional, entre la academia, la administración pública y la diplomacia mexicana, he entendido la salud como uno de los indicadores más sensibles de la justicia social y del respeto a los derechos humanos.
Esta convicción tiene raíces familiares, pero también se fortaleció mediante la investigación, la docencia y el trabajo con comunidades vulnerables, especialmente trabajadores, mujeres y migrantes.
Mi acercamiento comenzó en Culiacán, Sinaloa, al escuchar las experiencias de mi padre, médico familiar del IMSS, sobre las enfermedades y dificultades que enfrentaban sus pacientes.
Las condiciones de los jornaleros agrícolas del valle, expuestos a jornadas extenuantes y riesgos laborales, me hicieron comprender tempranamente que la enfermedad no puede separarse de las condiciones económicas y sociales en que viven las personas.
En la Ciudad de México, mi convivencia con estudiantes de medicina amplió esa perspectiva. Las conversaciones sobre farmacología, enfermedades infecciosas y efectos adversos de los medicamentos despertaron mi interés por el conocimiento clínico y reforzaron mi convicción de que la atención médica, exige combinar rigor científico con sensibilidad humana.
Academia y medicina social
Mi formación en estudios del desarrollo me permitió profundizar en estas preocupaciones. En septiembre de 1981 concluí mi tesis de maestría en el Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex, en el Reino Unido.
Una parte de esa investigación examinó los riesgos para la salud de las mujeres trabajadoras de las maquiladoras mexicanas, considerando el desgaste físico, la repetición de movimientos, el estrés y la desprotección social.
Como integrante del grupo fundador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, encontré en el sistema modular una herramienta para vincular la reflexión académica con los problemas concretos de la sociedad.
La lectura de Patología, del doctor Ruy Pérez Tamayo, y el intercambio intelectual con investigadores de la Maestría en Medicina Social, entre ellos Asa Cristina Laurell, Hugo Mercer y José Carlos Escudero, contribuyeron a consolidar mi perspectiva interdisciplinaria.
Comprendí que la salud depende también del empleo, el género, la vivienda, la educación y las relaciones de poder. En 1987, presenté un trabajo en la Escuela de Salud Pública de México, en el marco de actividades vinculadas con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sobre vulnerabilidades sanitarias y riesgos laborales en América Latina.
Del trabajo organizado a la protección consular
Mis responsabilidades en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), entre 1971 y 1972, y posteriormente en el Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero (CEHSMO), entre 1973 y septiembre de 1974, forman parte de esta trayectoria temprana de acercamiento al mundo laboral y a sus transformaciones sociales.
Años después, el Servicio Exterior Mexicano me permitió trasladar esas preocupaciones al terreno de la protección consular. En mis responsabilidades en Atlanta y San Francisco, entre otras experiencias profesionales, constaté las barreras que enfrentaban numerosos mexicanos para acceder a los servicios de salud en Estados Unidos, particularmente quienes carecían de seguro médico o vivían en condiciones migratorias precarias.
Las Ventanillas de Salud y la Semana Binacional de Salud representaron instrumentos fundamentales para acercar información preventiva, orientación y servicios comunitarios a la población mexicana y latinoamericana. Su valor residía en facilitar la detección oportuna, promover hábitos saludables y establecer vínculos con proveedores de atención médica accesible. La perspectiva de género resultaba indispensable para atender necesidades específicas de las mujeres, así como las de adultos mayores y familias transnacionales.
Migración, pandemia y dignidad humana
Desde la dirección ejecutiva de la Fundación ProMigrante América sin Muros, he insistido en que la movilidad humana debe analizarse también desde la salud pública. La pandemia de COVID-19 hizo evidente la vulnerabilidad de quienes fueron considerados trabajadores esenciales sin contar siempre con protecciones sanitarias suficientes.
A las enfermedades y dificultades de acceso a servicios se sumaron el temor a la deportación, la pérdida de ingresos, la discriminación y la separación familiar. La salud mental adquirió una relevancia ineludible, pues la incertidumbre migratoria y el duelo transnacional afectan tanto a quienes migran como a quienes permanecen en sus comunidades de origen.
Mi experiencia me confirma que la academia, el servicio público, la diplomacia y la acción social son dimensiones complementarias de una misma responsabilidad. Proteger la salud de trabajadores y migrantes exige cooperación internacional, políticas preventivas y respeto irrestricto a sus derechos.
Seguiré defendiendo una convicción que ha acompañado mi recorrido: La dignidad humana no debe depender del lugar de nacimiento, del empleo ni de la condición migratoria. La salud pública debe ser un puente de cooperación entre sociedades, nunca una frontera que excluya a quienes más necesitan protección.
