A petición del ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, la resolución sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa (PPO) se votará hasta este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El máximo tribunal del país analizó y discutió, durante dos días, los proyectos del ministro Aguilar, quien se pronuncia por anular la prisión preventiva oficiosa, y de Norma Lucía Piña, quien arguye que la medida constituye una restricción constitucional que afecta al derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia.
La PPO es una medida cautelar
Establece que toda persona que sea vinculada a proceso por alguno de los 16 delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución, debe de ser privada de su libertad, con el fin de evitar una posible huida y garantizar su comparecencia ante un juez.
El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de:
- Abuso o violencia sexual contra menores
- Delincuencia organizada
- Homicidio doloso
- Feminicidio
- Violación
- Secuestro
- Trata de personas
- Robo de casa habitación
- Uso de programas sociales con fines electorales
- Corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones
- Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades
- Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos
- Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares
- Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos
- Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
- Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
El valor de que la Supremacía Constitucional no está en duda
El magistrado Armando García Estrada, presidente de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, externa su opinión sobre la discusión de la SCJN en torno a la resolución de la PPO:
La opinión de los Señores Ministros son relevantes, jurídicas, constitucionalistas, y en favor de los principios Pro Persona. Me quedo con las palabras del Señor Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y de la dilecta Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, y celebro las intervenciones de las Señoras y Señores Ministros.
Me quedo con el valor de que la Supremacía Constitucional no está en duda. El contenido del articulo 1° párrafo III, consagra la esencia de la Carta Magna y las obligaciones de los Tres Poderes en esta Nación, y que es grave y lastimoso para cada mexicano, los Feminicidios, homicidios, Parricidios, lesiones agravadas, desaparición y abandono de personas, ataques sexuales, ciber acoso sexual, Tentativas de Homicidio disfrazado de Asaltos con armas de fuego, Delitos Fiscales, en la Administración Publica, de Cuello Blanco, y los derivados de la Ley de Amparo, ambientales, entre otros.
Felicito al Honorable Pleno del Máximo Tribunal del país, por su transparencia, claridad de conceptos constitucionales y convencionales, y la defensa unánime al principio Pro Homine; resalto la prudencia jurídico procesal constitucional, de posponer la votación.
La carga de la prueba corresponde a las Fiscalías
En la judicialización de las carpetas de investigación, sin duda, numerales 19 y 20 de la Carta Magna, y si no cumplen con sus obligaciones, que además ordena el CNPP, de ahí que los jueces al calificar detención, y que se encuentren colmados los elementos de tipo penal y los hechos como fueron constituidos por el Fiscal para demostrar la presunción de culpa de los imputados, en todo tipo de delitos, si no lo hacen en los delitos culposos, menos lo harán en los dolosos.
La prisión oficiosa debe de permanecer en todos los delitos graves, más en los que existen elementos agravantes.
Se requiere compromiso real y transparente de todos los involucrados en la Procuración, Administración de Justicia y en la Readaptación de los imputados detenidos, sin olvidar un presupuesto acorde al nivel de la demanda de justicia cotidiana en todos los niveles, señala el magistrado Armando García Estrada.