Cuando el poder controla la verdad, la mentira se convierte en ley, y la opacidad en mandato. Sin transparencia, la democracia no muere: la asesinan.
José Alberto Sánchez Nava (Columnista)
1.- Introducción
Este 9 de mayo de 2025 quedará registrado en la historia contemporánea de México como un día negro para la democracia. Con la consumación formal de la entrega-recepción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hacia la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el país presencia la sepultura de uno de los contrapesos más importantes al poder público: el derecho ciudadano a saber qué hacen sus gobernantes.
Bajo el discurso de “eficiencia”, “austeridad” y “combate a la corrupción”, el Gobierno Federal ha desmantelado un órgano autónomo que, pese a sus fallas, funcionaba como garante independiente del derecho a la información y la protección de datos personales. Lo sustituye un ente dependiente del Ejecutivo, sin autonomía, sin mecanismos de rendición de cuentas y claramente diseñado para servir al poder y no para fiscalizarlo.
2.- El control de la información como herramienta de impunidad
Que el Estado retome el control absoluto de la información pública representa un retroceso que no puede medirse solo en términos administrativos o legales. Se trata, en realidad, de un golpe estructural al sistema democrático y de pesos y contrapesos. Con esta maniobra, la llamada Cuarta Transformación consuma uno de sus objetivos más peligrosos: blindarse del escrutinio ciudadano mientras se profundiza la opacidad, la corrupción y la complicidad con intereses criminales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno —una ironía en sí misma— no solo no tiene independencia, sino que nace ya como un instrumento de simulación. En manos de funcionarios leales al régimen, su labor no será fiscalizar, sino encubrir. Y en un país donde el crimen organizado ha infiltrado instituciones, elecciones, policías y gobiernos estatales, el control de la información es una herramienta vital para ocultar la verdad, desinformar y perpetuar la impunidad.
3.-El impacto social: el ciudadano a ciegas
Las consecuencias de este movimiento son múltiples y devastadoras:
- La muerte del derecho a saber: La ciudadanía perderá acceso real a contratos públicos, licitaciones, declaraciones patrimoniales, asignaciones presupuestales y decisiones gubernamentales que afectan su vida cotidiana. Esto desactiva cualquier posibilidad de participación informada, debilitando el tejido cívico.
- La persecución selectiva: En lugar de ser una autoridad garante de derechos, esta nueva Secretaría podrá ser utilizada para investigar o “filtrar” información de manera discrecional, premiando a aliados y castigando a opositores.
- El blindaje a la corrupción: En un contexto donde el desvío de recursos, las adjudicaciones directas y los moches son práctica cotidiana, quitarle el poder ciudadano de vigilancia al Estado es otorgarle carta blanca para la corrupción sistemática.
- Inseguridad institucionalizada: La infiltración del crimen organizado en los distintos niveles de gobierno no es una amenaza, es una realidad. Sin información, los vínculos entre autoridades y grupos criminales permanecerán intocados. Esto debilitará aún más el combate a la violencia y desmantelará la ya frágil estructura de seguridad pública.
- Desinformación como política de Estado: En ausencia de fuentes oficiales confiables y auditables, el espacio público será dominado por la propaganda, la mentira institucional y la narrativa impuesta desde Palacio Nacional. La verdad será un lujo, no un derecho.
4.-La normalización del autoritarismo
Más allá de sus implicaciones prácticas, este movimiento representa una peligrosa normalización del autoritarismo. El presidente y su círculo cercano han construido una narrativa donde la autonomía es traición, la crítica es golpismo y la transparencia es un obstáculo para “transformar al país”. Bajo esta lógica, el INAI no podía subsistir. Y cualquier institución que pretenda interpelar al poder, será igualmente desmontada.
Lo que está en juego no es solo la transparencia, sino el alma misma de la democracia mexicana. Si el ciudadano no puede saber, tampoco puede elegir libremente. Si el Estado puede ocultar, también puede reprimir sin consecuencias. Y si los datos públicos se privatizan en favor de un régimen, entonces la corrupción se convierte en ley.
¿Y ahora qué?
El país se encamina hacia un futuro inmediato marcado por tres síntomas: inseguridad rampante, impunidad institucionalizada y desinformación crónica. La desaparición efectiva del INAI augura un endurecimiento del régimen, el crecimiento de redes criminales bajo el manto del poder político y el sometimiento del ciudadano al oscurantismo burocrático.
Hoy, más que nunca, el periodismo, la academia, las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto deben resistir este embate. No por nostalgia del pasado, sino por necesidad de futuro. Porque un México sin transparencia es un México sin esperanza.
Línea del tiempo: El desmantelamiento del INAI y el asalto a la transparencia
2019
- Inicia la narrativa de desprestigio desde la Presidencia: el presidente Andrés Manuel López Obrador califica al INAI de “onerosas estructuras burocráticas” que “no sirven para nada” y lo acusa de “encubrir la corrupción del pasado”.
2020
- Se reducen significativamente los recursos del INAI en el presupuesto federal. Se le niega la posibilidad de ampliar capacidades técnicas en materia de ciberseguridad y análisis de datos.
2021
- Empieza el bloqueo sistemático de nombramientos. El Senado, dominado por Morena y sus aliados, se niega a designar a nuevos comisionados del INAI, dejándolo con una integración incompleta.
2022
- Primera parálisis del Pleno: al no contar con el quórum legal, el INAI queda imposibilitado para resolver recursos de revisión y controversias constitucionales.
2023
- Crisis institucional: el INAI interpone una controversia constitucional ante la Suprema Corte para recuperar su funcionamiento. La Corte falla a su favor, pero el Ejecutivo desacata políticamente la decisión y profundiza el boicot.
2024
- Reforma legislativa sin debate público: en un fast track legislativo, Morena impulsa la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, suprimiendo la autonomía constitucional del INAI y absorbiendo sus funciones bajo control del Ejecutivo.
- El presidente celebra la “desaparición de los órganos que sólo servían a los conservadores” y asegura que la nueva Secretaría garantiza “una nueva era de transparencia verdadera”.
2025 – 9 de mayo
- Se concreta la entrega-recepción del INAI. Sus oficinas, archivos, sistemas y personal son transferidos a la nueva dependencia. Se impide el acceso a los medios de comunicación durante el proceso. El portal de solicitudes de información es “reconfigurado” y numerosos expedientes desaparecen de la consulta pública.
Esta cronología ilustra que lo sucedido este 9 de mayo no fue un accidente, sino un proceso largo, meticulosamente planeado para minar la autonomía, desacreditar la función pública del INAI, y concentrar el control de la información en manos del Ejecutivo.