Los feminicidios, así como los homicidios dolosos de mujeres, no han disminuido en los últimos años, al contrario, en 2022 creció 2% con respecto al año pasado. Para responder a esta problemática, en 2008 fueron creadas las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, sin embargo, sus fallas las han vuelto insuficientes para detener la violencia machista.
Miranda Carballo Corrales*
La violencia feminicida, así como los homicidios dolosos de mujeres, no han disminuido en los últimos años. Cuando se trata de los feminicidios, las víctimas en 2022 siguen exactamente en el mismo punto que hace cuatro años: 1.5 por cada 100 mil habitantes. Al considerar las mujeres que han sido víctimas de homicidios dolosos (que no han sido clasificados como feminicidios), la situación no solo es más preocupante por su dimensión, sino que en 2022 creció 2% con respecto al año pasado.
Para tratar de atender este entorno de violencia de género en el país, una de las principales acciones que se han desarrollado desde el gobierno han sido las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
Estas fueron creadas en 2008 como una intervención gubernamental para responder a la violencia machista y feminicida a través de políticas públicas de emergencia en un territorio determinado.
Esta intervención, que involucra la participación de los tres niveles de gobierno, se materializa en un subsidio que es otorgado anualmente a los estados para que implementen acciones urgentes para resolver la situación de violencia contra las mujeres.
Las AVGM están en la ley desde 2008
Aunque comenzaron a implementarse hasta 2015. Actualmente, las alertas de género se han declarado en 22 entidades federativas.
A pesar de ser una de las pocas intervenciones focalizadas para atender la violencia contra las mujeres, han presentado múltiples fallos en su diseño, implementación y evaluación, así como un déficit importante de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas.
Lo anterior ha derivado en acciones descoordinadas y poco eficientes que no han logrado resolver de fondo la situación de violencia de género, ni abatir la impunidad alrededor de los delitos contra las mujeres.
Hemos identificado que las alertas de género, como muchos programas del gobierno federal, sufren adecuaciones presupuestales durante el año, sin que haya una clara justificación por parte de las autoridades o una consulta con el poder legislativo.
Sistemáticamente, el gasto ejercido en las AVGM ha sido inferior a lo aprobado por los legisladores como consecuencia de los recortes presupuestales realizados por el Poder Ejecutivo a lo largo del año fiscal.
