A fin de propiciar un diálogo estratégico e interinstitucional para analizar desafíos, perspectivas y prioridades legislativas, la Comisión de Asuntos Migratorios efectuó el foro “Hacia una revisión integral de la Ley de Migración: Identificación de retos y la construcción de consensos”.
A pregunta de cómo fortalecer la protección integral de las personas migrantes, particularmente en lo relativo al acceso a derechos, identidad jurídica, servicios públicos y mecanismos de coordinación interinstitucional, Roberto Zárate Rosas, coordinador Jurídico y Normativo de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), sostuvo que:
Es importante que los legisladores brinden las herramientas necesarias a las autoridades ejecutoras y administrativas, para que se atienda la población de migrantes que actualmente está en México.
Luis Francisco Fierro Sosa, director de Derechos Humanos del INM, puntualizó que estamos en un momento paradigmático para implementar una migración humanista, mediante una reforma integral y con enfoque transversal que tenga impacto en distintos temas.
El director de Vinculación, Promoción y Asesoría de SIPINNA, Genaro Ahumada García, opinó que cualquier revisión integral que se realice a todas las leyes relacionadas la movilidad humana debe contener el principio del interés superior de la niñez y garantizar el derecho de prioridad.
Josué Emiliano Palau Rodríguez, jefe de Vinculación Interinstitucional de la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana de la Ciudad de México, consideró que se debe apostar por una alternativa de integración local como nuevos motores de desarrollo.
Mecanismos de regularización migratoria y desafíos institucionales para garantizar procesos ágiles, transparentes y alineados con estándares internacionales
Andrea Ramírez Rentería, coordinadora de la Unidad de Migración Laboral e Inclusión y Oficial Nacional de Vías Regulares, Desarrollo y Enlace OIM México, dijo que se debe ver a la movilidad humana como una oportunidad de desarrollo económico y social para nuestro país, pues es un ganar-ganar.
Manuel Enrique Aranda Montero, director general de Atención a Migrantes del Gobierno de Hidalgo, enfatizó que se requiere establecer un Consejo Nacional Permanente de Coordinación para la Protección, Integración y Reintegración Migratoria de la diáspora mexicana con participación de autoridades federales y estatales.
Melissa Vértiz Hernández, secretaría técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), señaló que se debe reflexionar sobre qué marco normativo se quiere, cómo y sobre quién va aplicar, además de que se requerirán reformas a nivel constitucional.
Guillermo Díaz Ordaz Rigada, asociado senior de Protección de la Unidad Legal en ACNUR México, expuso que hay una convergencia entre distintas leyes, pero se requiere de una actualización y armonizar para generar nuevas alternativas de regularización y desahogar las solicitudes de asilo.
Rocío Madrigal López, de la Unidad de Política Migratoria e Identidad de Personas, comentó que uno de los desafíos radica en la naturaleza del fenómeno, lo que involucra a distintos actores, niveles de gobierno y ámbitos de acción pública, pero para una atención integral se necesita mejorar la gestión administrativa, las vías de regulación, incluyendo derechos humanos, seguridad, e integración social.
