Con la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y al Código Nacional de Procedimientos Penales, se ha demolido el muro que protegía nuestra privacidad, dejándonos a todos en una celda digital a cielo abierto.
José Alberto Sánchez Nava (Columnista)
El mensaje que México envía al mundo es devastador. ¿Qué inversionista extranjero querrá traer su capital a un país donde sus comunicaciones no son seguras?
Pensemos en una empresa que negocia un contrato multimillonario. Con esta ley:
Las ubicaciones de sus ejecutivos pueden ser rastreadas.
Las estrategias discutidas por teléfono o mensaje pueden ser inferidas.
La confidencialidad de sus operaciones, secretos industriales y datos fiscales queda expuesta a cualquier autoridad, sin el filtro de un poder judicial independiente.
México no se presenta como un destino de inversión, sino como un campo minado donde la privacidad es una ficción y la seguridad jurídica, una broma de mal gusto. Se fomenta un entorno de desconfianza que ahuyenta el capital, aniquila la competitividad y nos etiqueta como un Estado fallido en su función más básica: Garantizar certeza.
