Convocados por la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, académicos, concesionarios y defensores advierten que la propuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) excede el marco legal, promueve el efecto inhibidor y genera autocensura periodística.
Ivette Sosa
Diversos especialistas exigen revisar los procedimientos punitivos planteados por la CRT, señalando que pretender sancionar a medios de comunicación o elaborar listados de comunicadores, vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución.
El legislador Miguel Ángel Monraz Ibarra (PAN) enfatiza que se debe defender el libre acceso a la información sin que un órgano gubernamental fiscalice contenidos ni califique lo que el ciudadano puede o no sintonizar.
Censura de Estado o Tutela de Audiencias: El Debate por las sanciones extralegales de la CRT
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Paulina Rubio Fernández, cuestiona la intención de dotar a la CRT de facultades sancionatorias al margen de la ley para castigar posturas críticas o disidentes.
Desde el grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira califica como abrupta la reglamentación y critica la pretensión de erigir filtros estatales para catalogar quién ejerza el periodismo de manera legítima.
Representantes del sector de las telecomunicaciones independientes acusan que las consultas públicas se han realizado sin garantizar la inclusión real del sector afectado y aplicando un diseño normativo supeditado a conveniencias del poder público.
Academia, sociedad civil y concesionarios, exigen respetar la autonomía de medios y defensorías
Expertos de instituciones como ARTICLE 19, la Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho y la UNAM coinciden en que los lineamientos confunden el legítimo derecho de las audiencias con el intervencionismo estatal sobre las líneas editoriales.
Agrupaciones como CONECTADAS denuncian que aplicar las mismas exigencias burocráticas a medios comerciales y a concesiones sociales e indígenas atenta directamente contra la autonomía constitucional de las comunidades.
Defensa de la libertad editorial
Representantes del sector empresarial (Coparmex) y excomisionados afirman que la distinción entre opinión, información y publicidad, no debe convertirse en un pretexto sancionatorio ni en la imposición de un “tribunal de la verdad”.