La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó el dictamen que reforma el artículo 28 constitucional, a fin de precisar el derecho de uso y aprovechamiento del Estado mexicano sobre las vías férreas para el transporte de pasajeros y clasificar la materia de transporte ferroviario de bienes y personas como estratégica.
Determina que el Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares.
En los transitorios, expone que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones que resulten necesarias a las leyes secundarias correspondientes, en los términos del mismo.
Además, los particulares que cuenten con concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga podrán obtener concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros. En cualquier caso, se dará preferencia al servicio de transporte ferroviario de pasajeros, en términos de lo que determine la legislación.
Que las vías ferroviarias tengan un uso más eficiente
Que no se concentre en el relevante transporte de carga, sino que se amplíe al transporte de pasajeros con la participación de empresas a las que se asigne o concesione el servicio en la forma y términos que determine la ley, lo que ha de propiciar que el transporte de personas por la red carretera se diversifique y amplíe al ferroviario, lo cual intuitivamente permitirá la disminución de costos para el usuario final del servicio.
La modificación al párrafo cuarto y adición de un nuevo párrafo quinto recorriendo por su orden los actuales del artículo 28 de la Constitución Política, en materia de vías y transporte ferroviario, deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal.
Los ferrocarriles de pasajeros vuelven a ser un servicio público
El diputado Robledo Ruiz detalló que se trata de una nueva visión del Estado, en donde éste asume la rectoría e interviene directamente en la economía sin perjudicar al sector privado. Refirió que el servicio de transporte ferroviario es un servicio público y estos servicios debe brindarlos la autoridad pública y no deben ser concesionados nunca.
Reiteró que los ferrocarriles de pasajeros vuelven a ser un servicio público y preferente sobre el de carga, cuyas concesiones actuales tienen empresas privadas y a las cuales no se les quita un ápice de sus propiedades o de sus inmuebles.
Del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández dijo que no pueden acompañar el dictamen porque enrarece el escenario económico del país y puede asestar un golpe directo a la certidumbre jurídica que deben tener las inversiones; además, crea incertidumbre, inestabilidad y no asegura que el sistema económico sea beneficiado.
Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado del PRI, expuso que seguramente los ferrocarriles van a funcionar con subsidio, porque muchos de ellos los van a usar las personas que tienen menos ingresos.
Por el PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell se manifestó en contra, dado que la propuesta busca incorporar el término “asignación”, para establecer que cuando el Estado lo ejerza a través de una empresa sea denominado asignado, pero es innecesario.
El diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara (PAN) manifestó estar de acuerdo en que se tengan trenes de pasajeros, se extienda la infraestructura ferroviaria, que sea accesible para los que menos tienen y en impulsar todo lo que a la gente le lleve a tener menos tiempo conduciendo para ir a su trabajo y pueda estar más con su familia; sin embargo, “no estamos a favor de cambiar la Constitución al arbitrio de cada presidente”.
