Mary Sandoval*
En 2018, cuando el hoy remedo de presidente andaba en campaña, dijo que cuando llegase a la mitad de su gobierno, en caso de que ganara, sometería su gobierno a consulta y que, dependiendo de lo que el pueblo bueno y sabio decidiera, él se iría o continuaría como presidente, hasta el término de su mandato. Todo eso ya se hizo realidad, y el 10 de abril se hará esa famosa consulta de revocación de mandato.
Definido éste como el mecanismo de democracia participativa mediante el cual los ciudadanos pueden revocar o retirar de un cargo de elección popular, al candidato que resultara electo en la última elección en su distrito o circunscripción electoral, ya sea del Poder Ejecutivo o Poder Legislativo Federal por pérdida de confianza o por delitos graves.
Erróneamente, en este gobierno de cuarta, ese concepto lo entienden como ratificación de mandato. En el artículo 35 de la Constitución y en la Ley General de Revocación de Mandato (que por cierto fue realizada fast track), se menciona que quienes deben solicitar la revocación somos los ciudadanos, y no el presidente o los partidos.
La pregunta
Una parte esencial dentro de este proceso de revocación de mandato es el cuestionamiento porque, dependiendo de cómo se formule, es la que implícitamente puede afirmar que López Obrador será
ratificado como presidente.
La pregunta es la siguiente: ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su período?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la pregunta de la revocación de mandato si puede contener la posibilidad de preguntar también sobre la ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El ministro de la SCJN, Jorge Mario Pardo Rebolledo, presentó un proyecto en el que se declare la invalidez e inconstitucionalidad de la pregunta que se planteó en la Ley Federal de Revocación de Mandato, ya que se puede manipular y confundirse como una ratificación.
La pregunta propuesta era: ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza?
Los ministros que avalaron el proyecto del ministro Pardo Rebolledo fueron: Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, Luis María Aguilar Morales, obviamente Jorge Mario Pardo, Norma Lucía Piña, Javier Láynez
Potisek, Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos Fajart.
Como siempre, están quienes defendieron la pregunta y la consideraron válida, y los ministros que la validaron son: Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jazmín Esquivel Mossa y el ministro presidente, Arturo Zaldívar.
Desafortunadamente no se alcanzó la mayoría que se requería (8 votos) para declarar la pregunta como inválida, por lo que quedó como se había planteado en un principio y, de acuerdo a la Ley de Revocación de Mandato, quien fue determinante para que se llegara a esta conclusión fue el ministro Zaldívar.
¿Quién debe de hacer la promoción de la revocación de mandato?
El Instituto Nacional Electoral (INE) es la encargada de hacer la promoción de la revocación de mandato, de acuerdo a las leyes anteriormente mencionadas, pero resulta que el propio presidente
de la República y su runfla de lacayos del partido Morena, hicieron campaña, en plena veda electoral.
Quizás se les olvida a muchos que el propio López Obrador propició esta regla electoral que prohíbe la difusión de propaganda gubernamental, incluidas las expresiones de los servidores públicos, afirmó el diputado panista Jorge Triana
Para que estos sinvergüenzas pudiesen hacer promoción de la revocación, se sacaron de la manga un decreto, de manera exprés.
Presentado a las 9:45 y aprobado a las 17:38 horas, legisladores de Morena y aliados en la Cámara de Diputados, regularon la propaganda gubernamental, a través de un decreto “interpretación”, para permitir a los funcionarios públicos hacer campaña política o promover el proceso de revocación de mandato sin sanciones.
Según estos legisladores lacayos de López, arguyeron que no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidores públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos de las leyes aplicables.
Es decir, que la definición de lo que es propaganda gubernamental busca que todo servidor público, desde el presidente hasta los legisladores, alcaldes o funcionarios, puedan realizar expresiones de carácter político con el único límite de no usar recursos públicos.
En pocas palabras
Los servidores públicos pertenecientes al partido oficial y los partidos paleros (PT y Verde Ecologista), podrán hacer campaña para que se vote porque el bulto López sea ratificado en su cargo de presidente de la República y no se les sancionará porque ésta no entra en el rango de veda electoral, con la agravante de que se estén usando recursos públicos, aunque lo nieguen.
Quien promovió semejante aberración fue el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el morenista (antes pertenecía al PRI), Sergio Gutiérrez Luna.
El bloque opositor en el Senado de la República (PRI, PAN y PRD) presentaran una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra de este decreto, por el cual se permite que funcionarios públicos promocionen la revocación, que más bien es ratificación, de mandato del remedo de presidente por parte de Morena y achichincles.
El pasado 19 de marzo, los magistrados de la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideraron que el decreto que aprobaron, en la Cámara de Diputados el 17 de marzo, donde los funcionarios públicos pueden hacer campaña para la revocación de mandato, “no es aplicable” para la consulta del 10 de abril próximo.
Ello, porque resulta que en la Constitución, se establece que para la modificación de las reglas electorales, tienen que hacerse 90 días antes de la celebración de los comicios. Sabiendo todo ello, a la runfla de sinvergüenzas de Morena, les importó un bledo.
Lo oculto
Los partidos de oposición han acusado a los partidarios del presidente de torcer el propósito declarado del referéndum y convertirlo en una herramienta para promover la agenda de López Obrador.
La reforma de 2019 convocó a un referéndum para “revocar” el mandato de un presidente, en lugar de “ratificarlo”. Una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral, por parte del Partido Acción Nacional, hizo referencia a cómo voluntarios han registrado votantes junto a carteles que publicitan el referéndum como medio de promover al presidente, en lugar de retirarlo de su cargo.
Lo oculto es lograr que la consulta sea vinculante, es decir, que debe ser legal, y más que nada obligatoria para los tres poderes federales y todas las autoridades competentes, no importando si se vota porque se quede o que se vaya.
Lo que de verdad se debe ver para que esta consulta sea jurídicamente válida, es el número de votos, o sea el 40% de la lista nominal de electores (entre 37 y 38 millones de mexicanos).
Pero si la pregunta fuera honesta, diría: ¿QUE SE LE REVOQUE EL MANDATO: SÍ o NO? Pero, mañosamente agregaron lo siguiente: QUE SIGA EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Consideremos que si la gente marca que siga en la Presidencia de la República y gana esta opción, la SCJN es posible que interprete este resultado como que siga otro periodo de tiempo, tal vez sean muchos años, y es ahí donde radica lo oculto, por no decir, lo sucio, de la revocación de mandato. Atetando contra la Democracia y el Estado de Derecho del país.
Conclusiones
Debe decirse que en el proceso de revocación de mandato en México se ha respirado una intención propagandística que desvirtúa penosamente su propósito de discutir las decisiones públicas para empoderar a la ciudadanía. Posibilitando, en su lugar, la implementación de una estrategia que busca afianzar a un mal gobernante a la mitad de su periodo, para garantizar la continuidad de éste y su partido en el poder.
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