Cada bache no sólo rompe el asfalto: Rompe el pacto entre el ciudadano que paga y el Estado que no cumple.
José Alberto Sánchez Nava (Columnista)
1. Introducción
Cuando el Estado se desentiende de su obligación más elemental —cuidar la integridad y el patrimonio de sus ciudadanos—, el vacío no se llena con discursos, sino con tragedias. Los baches en las calles de México no son simples imperfecciones del asfalto: Son la cicatriz visible de una omisión estructural, el recordatorio de que la función pública también mata, lesiona o empobrece cuando se ejerce con indiferencia.
Y lo más grave: No se trata de un problema local ni aislado. La herida se extiende por todo el país. Desde Tijuana hasta Mérida, pasando por Monterrey, Puebla, Guadalajara o Villahermosa, los caminos se han convertido en trampas. Las lluvias revelan la pobreza del mantenimiento, pero la verdadera tormenta está en la indiferencia. En prácticamente todos los estados, las calles destruidas y la falta de reparación son el rostro más cotidiano del abandono institucional.
El ciudadano, cansado de pagar impuestos que no se reflejan ni en infraestructura, ni en seguridad, ni en justicia, empieza a percibir su contribución fiscal como un castigo, no como un deber cívico. Porque no hay nada más desmoralizante que cumplirle a un Estado que no cumple.
2. La responsabilidad patrimonial del Estado
La Constitución mexicana, en su artículo 113, establece que el Estado debe responder por los daños y perjuicios que cause a los particulares por su actividad administrativa irregular.
Esa “irregularidad” no sólo implica hacer mal algo, sino también dejar de hacerlo. Un bache no es únicamente una falla del pavimento: Es la omisión de mantenimiento, la indiferencia hacia la prevención y la renuncia a garantizar la seguridad vial.
Cada automóvil destrozado, cada motociclista accidentado, cada peatón lesionado al caer en una zanja, es un daño real y jurídicamente imputable a la administración pública. No es un infortunio, es una negligencia institucional.
El principio es claro: Si el Estado causa daño por su omisión, debe indemnizarlo. Lo que falta es que los ciudadanos conozcan los procedimientos y los ejerzan.
3. El procedimiento en la Ciudad de México
En la Ciudad de México, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Alcaldías regula este derecho. El proceso es el siguiente:
1. Presentar una reclamación administrativa ante la Secretaría de Obras y Servicios o la alcaldía responsable del tramo vial.
2. La reclamación debe contener:
o Nombre del afectado y domicilio para recibir notificaciones.
o Descripción detallada del daño, fecha, hora y lugar.
o Pruebas: fotografías del bache, facturas de reparación, testimonios o reportes
médicos.
3. La autoridad tiene un plazo legal (normalmente 30 días hábiles) para resolver si reconoce o niega la responsabilidad.
4. Si la respuesta es negativa o no llega en el plazo, el afectado puede acudir al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que tiene competencia para ordenar el pago de la indemnización.
El procedimiento puede parecer lento, pero es el único instrumento formal para exigir que el Estado responda.
5. El procedimiento en los estados
En casi todas las entidades federativas existe una Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, inspirada en el artículo 113 constitucional. Aunque el trámite varía ligeramente, los principios son los mismos:
Presentar la reclamación administrativa ante la dependencia o el municipio responsable de la vía dañada (por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura, Obras Públicas o el ayuntamiento).
Aportar pruebas del daño y acreditar que éste deriva directamente de la omisión en el mantenimiento o señalización de la vialidad.
Si no hay respuesta o ésta es negativa, acudir al Tribunal de Justicia Administrativa Estatal correspondiente.
En todos los casos, la indemnización debe cubrir el daño directo (por ejemplo, la reparación del vehículo, gastos médicos, o incluso pérdida de ingresos) y, en ciertos supuestos, los daños morales derivados de lesiones o afectaciones graves.
La uniformidad de estas leyes en todo el país busca asegurar que ningún ciudadano quede sin reparación por la negligencia del Estado. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los mexicanos ni siquiera sabe que puede reclamar.
6. La injusticia de los impuestos sin retorno
Pagar impuestos en un país donde el pavimento es un campo minado se ha vuelto un acto de fe. La ciudadanía cumple, pero el gobierno no devuelve. No hay reflejo de la carga fiscal ni en seguridad jurídica, ni en seguridad pública, ni en infraestructura, ni en justicia pronta y expedita.
El impuesto deja de ser una contribución al bien común y se convierte en una cuota de resignación. La percepción social es clara: el Estado cobra por servicios que no presta.
Y mientras los discursos oficiales presumen “obras históricas”, millones de mexicanos esquivan cada día los agujeros que dejan la corrupción, el abandono y la desidia.
7. La omisión como violencia institucional
Los baches son más que un obstáculo físico: Son un símbolo del colapso moral del servicio público. La violencia institucional no siempre tiene rostro armado. También se ejerce desde el escritorio del funcionario que no ordena reparar una calle, desde el burócrata que archiva una queja o desde el juez que desestima un reclamo ciudadano.
Cada omisión es una forma de agresión: Silenciosa, pero constante. La responsabilidad del Estado no es un principio teórico; es la frontera entre la legalidad y el abuso.
8. Una exigencia ciudadana
Reclamar indemnización no es un acto de confrontación: Es un ejercicio de dignidad.
Es recordar que el ciudadano no es súbdito, sino titular de derechos. La responsabilidad patrimonial es la herramienta para equilibrar una relación de poder que históricamente ha sido desigual.
Porque mientras los ciudadanos no exijan la reparación del daño, el Estado seguirá viendo sus omisiones como simples descuidos administrativos, y no como lo que realmente son: Violaciones al Estado de Derecho.
El bache no solo destruye el pavimento: Destruye la confianza. Y cuando la confianza desaparece, la sociedad entera cae en el hoyo.
