Javier Esteinou Madrid*
Decíamos que el sistema de radiodifusión del gobierno lopezobradorista no tomó distancia editorial a favor de los derechos comunicativos de las audiencias, sino optó por actuar como un apéndice mediático del sistema de poder del régimen de la 4-T, dejando de ser medios de comunicación de servicio público (Bravo, 2022).
Con ello, los únicos que perdieron fueron los ciudadanos por no contar con información neutral y objetiva para formarse su propia opinión sobre la contra marcha del 27 de noviembre, encabezada por AMLO, sino que fueron conducidos mediáticamente por los juicios de los grandes apóstoles de la reconstrucción nacional.
Mediante la realización de tales acciones oficialistas, los medios de comunicación de Estado de servicio público violaron el marco normativo existente que regulaba con toda claridad el comportamiento de estos canales en el terreno de la autonomía, el equilibrio informativo, la programación y las garantías de las audiencias en México. Así, en el campo de la autonomía se vulneró el artículo 6, fracción III, de la Constitución Política Mexicana; el articulo Décimo Transitorio de la Reforma de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión de 2013; artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014; el artículo 7, fracción II, de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM); el artículo 5, fracción IV, de la Ley del Sistema Público de Radio Difusión de la Ciudad de México; y los incisos 4, 6 y 8 de los “Principios Fundamentales del Servicio Público de Radiodifusión” plasmados en los Criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva del SPR, establecidos por el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión.
En el capítulo del equilibrio informativo se infringió el artículo 134 de la Constitución Política Mexicana; y el inciso 6 sobre Derecho a la Información de los Criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva del SPR. En el ámbito de la programación se violó el Artículo 6, capítulo VIII, inciso B-IV; el artículo 24; y el artículo 134 de la Constitución Política Mexicana. En la esfera de las garantías de las audiencias se vulneró el mandato del Artículo 256, Fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Es decir, el comportamiento de los canales de difusión pública transgredió flagrantemente el orden normativo vigente para convertirse en los nuevos “soldados mediáticos” que promocionaron propagandísticamente el proyecto de la 4-T. Con ello, se cumplió la máxima presidencial que pregona ¡No me vengan con que la ley es la Ley!, pues lo importante era conservar el poder al precio político-social que fuera.
La historia se repitió
Dicha situación comunicativa no fue un hecho aislado que se sucediera por primera ocasión en México, sino fue la continuidad de un proyecto estratégico de “ingeniería hegemónica” para utilizar a los medios de información de servicio público como herramientas de propaganda con el fin de blindar al proyecto de conducción de la Cuarta Transformación en la nación, como se constató con la consulta popular para el “Juicio a los Expresidentes” en 2021 y la “Revocación de Mandato” en 2022 donde el rol de la radio y tv pública favorecieron abiertamente la política gubernamental. Tal situación fue enormemente preocupante pues muy probablemente se repetirá en otros procesos políticos y electorales especialmente en los comicios regionales intermedios de 2023 y federales del 2024 en México.
No superaron la “prueba de fuego” democrática
Con el abandono de su función medular de servicio público, los medios federales y el Canal de la Ciudad de México cruzaron la delgada línea que separaba los límites entre desempeñar su labor social con independencia editorial -a pesar de ser medios gubernamentales- y, “pertenecer” a un gobierno, convirtiéndose abiertamente en espacios ideologizantes de la Cuarta Transformación de izquierda. No se puede sostener que la “cobertura informativa especial” implementada por los medios públicos el domingo 27 de noviembre de 2022 fuera una iniciativa de interés público o un proyecto para informar a las audiencias, pues los medios de comunicación se dedican constantemente a informar sobre ese y otros acontecimientos.
Por consiguiente, lo que realizaron los medios públicos coordinados por el SPREM fue un acto de propaganda y de difusión acrítica de un acto convocado, organizado y auspiciado por el gobierno federal y sus seguidores, sin independencia editorial de la directriz oficialista, sin equilibrio informativo, totalmente parcial, sin pluralidad de voces y diversidad de opiniones (Bravo, 2022).
Así, el régimen en turno dilapidó años de trabajo a favor de la creación de un sistema de medios electrónicos auténticamente público en la República, sacrificando uno de los principios más importantes de los medios públicos que era conservar su independencia editorial, ocasionando un retroceso histórico muy significativo para la democracia nacional (Bravo, 2022).
De esta forma, el modelo de medios de comunicación de servicio público del régimen de la “Esperanza del Cambio” no superó la “prueba de fuego” de la democracia mexicana, pues se desempeñaron como un sistema aceitado de agujas hipodérmicas o como aparatos ideológicos de Estado para difundir coyunturalmente la versión o la publicidad coyuntural de la “promesa morenista redentora” del nuevo régimen de la izquierda nacionalista y no actuaron como espacios independientes, libres, y abiertos para la discusión crítica y plural sobre los conflictos de la sociedad en el espacio público con el fin de buscar nuevas alternativas comunicativas para contribuir a resolver la problemática nacional. Quedaron atrapados en la vieja tentación de legitimar el statu quo político a través de la diseminación de la propaganda del discurso maniqueo de los “otros datos” sobre la realidad política del país (Esteinou, 2021).
En este sentido, fue un proyecto ideológico diseñado bajo la táctica del nado sincronizado informativo propio de la propaganda de los regímenes cubanos, venezolanos o nicaragüenses que buscan crear un pensamiento único y no de un Estado democrático que respeta rigurosamente el derecho a la información en su máxima expresión.
Extrañamente, en la dirección contraria los medios públicos no se coordinaron con la misma intensidad para efectuar una cobertura informativa especial similar sobre la marcha ciudadana celebrada el 13 de noviembre a favor de la permanencia del INE como autoridad electoral. Esto demostró contundentemente su posición facciosa y no neutral como lo mandatan sus marcos legislativos, especialmente de la Constitución Política Mexicana, la reforma de las telecomunicaciones, los derechos de las audiencias y cada una de las normatividades de las instituciones de comunicación participantes, pues son medios electrónicos que funcionan con recursos públicos que están obligados a informar sin sesgos oficialistas (AMEDI, 2022). Sería un “despropósito que la comunidad pagara con sus recursos para ser desinformada o informada de manera parcial” (Villanueva 2022).
Mediante dicho intenso comportamiento publicitario sesgado de los medios de información de Estado, el gobierno en turno demostró que en el régimen de la “Nueva Esperanza” histórica de México ya no existen medios de comunicación de servicio público en la República; sino lo que subsiste es la acción de fuertes aparatos ideológicos de Estado a favor del proyecto lopezobradorista. Fue la muerte de la raquítica radio y televisión de Estado por el que la sociedad mexicana luchó varias décadas para construir un modelo de comunicación de servicio público autónomo y plural y el resurgimiento del prototipo de difusión de la “Dictadura Perfecta” para impulsar la gobernabilidad de la 4-T en la nación.
En suma, la “marcha de la transformación” del 27-N en México fue la transformación de los medios de comunicación de servicio público en los medios propagandistas de la Cuarta Transformación (Bravo, 2022).
Queda pendiente de constatarse si esta tendencia informativa oficialista se volverá a repetir ante la difusión de las próximas manifestaciones organizadas por la sociedad civil el 26 de febrero, en todas las principales plazas públicas de la República para defender el voto y la democracia; y la posterior concentración reactiva convocada por el gobierno el 16 de marzo, sobre la política energética de su régimen y la crítica al Instituto Nacional Electoral.
*Fuente: Aparatos de propaganda de la 4-T, medios de comunicación públicos, revista Siempre, No. 3622, Año LXVIII, Columna Comunicación, Fundación Pagés Llergo, Ciudad de México, México, 18 de diciembre de 2022, páginas 40 a 45, http://www.siempre.mx/2022/12/medios-de-comunicacion-publicos/
Fotos: Skitterphoto/geralt
