Contrario al retroceso global del programa verde (“Green New Deal”, ESG, etcétera), el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva anunció el denominado Pacto para la Transformación Ecológica, en una pomposa ceremonia en el Palacio presidencial de Planalto, el 21 de agosto.
MSIA Informa
Junto a los líderes de los poderes Legislativo y Judicial, Lula reforzó su compromiso con la agenda ambiental, una forma de pagar el enorme apoyo recibido de las fuerzas globalistas internacionales que apoyaron su regreso a la Presidencia.
La permanencia de la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva en su gabinete, -contra viento y marea-, quien mantiene fieles vínculos con las potencias hegemónicas, al igual que él, es la garantía de su compromiso para cumplir los acuerdos contraídos.
Según la nota de la Presidencia de la República (21/08/2024): “El Pacto para la Transformación Ecológica nace para responder coordinadamente a los desafíos ambientales, climáticos y sociales de Brasil.
Al unísono, busca engrandecer al país en un actor global en materia de seguridad ambiental, climática y alimentaria
La iniciativa tiene el objetivo de integrar la rica biodiversidad y los abundantes recursos naturales de Brasil en un nuevo paradigma de desarrollo sostenible”.
Entre las acciones incluidas en el Pacto, la nota destaca: “1) Ampliación del financiamiento y reducción del costo del crédito para prácticas sostenibles por parte del Ejecutivo; 2) preponderancia de proyectos de ley en la Legislatura, del tipo del establecido para el mercado de carbono y la producción de energía eólica en el mar; 3) agilizar los procesos relacionados con temas ambientales y climáticos por parte del Poder Judicial; 4) integración de una base de datos inmobiliarios y ambientales entre el Ejecutivo y el Poder Judicial que garantice la seguridad jurídica sobre la tierra; 5) la adopción de medidas de manejo sostenible por parte de los tres poderes para reducir los impactos ambientales directos”.
En esencia, se trata de dar continuidad al poder ambiental, la monetización de la protección de los biomas nacionales y la oferta de energías verdes en los mercados internacionales, sin importar los enormes costos de los subsidios (la única forma de hacerlos viables), que se reflejan directamente en las costosas tarifas públicas, en particular, la de la electricidad.