Las agresiones contra activistas del medio ambiente están latentes ante la falta de mecanismos protectores por parte del estado: Amnistía Internacional.
México padece no solo una crisis climática que puede agudizarse, también persiste la violencia contra las y los activistas de la tierra y el medio ambiente. De acuerdo con el informe realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el 2020 fue el peor año para para los activistas de estas causas, registrando 18 asesinatos y 65 ataques en su contra, señaló Bancada Naranja.
Por ello -anotó-, es urgente que las autoridades correspondientes cumplan con su obligación de garantizar su protección y libertad de expresión para que sigan ejerciendo sus derechos sin miedo a ser asesinados.
Frente a la ola de violencia, dicho grupo parlamentario presentó una iniciativa para fortalecer la protección de los activistas, mediante la creación de refugios especializados, donde reciban atención jurídica, psicológica, médica y económica.
La misión es dar una atención digna a aquellas personas que hayan sido agredidas o se encuentren en una situación de peligro, para evitar que se conviertan en víctimas y, en caso de sufrir alguna agresión se haga justicia, dijo Julieta Mejía en representación de la Bancada.
Pidió fortalecer los mecanismos de seguridad que les permitan continuar con su activismo, su derecho a la participación política, y a subsanar la poca acción del Estado para que investigue y sancione las violaciones a los derechos humanos en su contra.