Con mayoría calificada, aprueban reforma constitucional que también fija la Suprema Corte en 9 ministros y crea una Comisión Coordinadora de Evaluación.
Ivette Sosa
En una sesión clave para el andamiaje constitucional del país, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por mayoría calificada de 341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones, el dictamen que aplaza la elección de jueces, magistrados y ministros del año 2027 hasta el primer domingo de junio de 2028.
La reforma, emanada de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con adiciones de diversas bancadas, modifica siete artículos de la Carta Magna (35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122).
El texto estipula, además, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedará integrada definitivamente por nueve ministros y operará a través de un Pleno y dos secciones. A la par, el dictamen unifica los tiempos democráticos al ordenar que los procesos de revocación de mandato se realicen el mismo día de las jornadas electorales federales o locales.
El nuevo filtro: Comités y Comisión Coordinadora
Para normar las postulaciones, la reforma crea una estructura técnica de selección. Cada uno de los tres Poderes de la Unión integrará un Comité de Evaluación de cinco juristas destacados.
Los coordinadores de estos tres comités, se fusionarán en una Comisión Coordinadora única, encargada de homologar criterios, aplicar exámenes de conocimientos y verificar la honestidad y trayectoria de los aspirantes.
El método de selección final contempla un doble filtro:
Evaluación: Los comités elegirán a las cuatro personas mejor calificadas por cada cargo.
Insaculación (Tómbola): Esa lista de cuatro nombres se reducirá a dos mediante un sorteo público, garantizando estrictamente la paridad de género.
Cada Poder nominará formalmente a sus dos candidatos por cargo: El Ejecutivo mediante la Presidencia; el Legislativo por el voto de dos tercios de sus Cámaras; y el Judicial por mayoría de seis votos de la Suprema Corte.
El reto operativo del INE y reglas en casilla
El Instituto Nacional Electoral (INE) asumirá la responsabilidad de reconfigurar la cartografía del país. Deberá segmentar los circuitos judiciales en distritos específicos para asegurar que la ciudadanía vote por todas las especialidades disponibles de forma proporcional.
- En las boletas, los candidatos aparecerán en recuadros plenamente identificados por su género y por el Poder que los postuló.
- Para blindar la legitimidad de las urnas, la reforma prohíbe tajantemente la presencia o intervención de representantes de partidos políticos durante la jornada judicial.
El cómputo y escrutinio se procesará directamente en las casillas donde se emita el voto, y las autoridades electorales no podrán modificar ningún resultado ni asignación de cargos, una vez concluido el proceso oficial.
Impacto en los estados y capacitación obligatoria
- En el plano local, las entidades federativas replicarán este modelo mediante sus propios Comités de Evaluación estatales.
- La reforma exige que los jueces locales electos sean sometidos a una evaluación obligatoria de desempeño durante su primer año de ejercicio en el cargo.
- El Tribunal de Disciplina Judicial, en coordinación con la Escuela Nacional de Formación Judicial, administrará programas de actualización permanente y, al uníson, normará las vacantes generadas por renuncia, fallecimiento o destitución, las cuales se cubrirán de forma provisional y se someterán a las urnas en la elección inmediata posterior.