Para garantizar mejores condiciones en la impartición de justicia para las comunidades indígenas, la diputada Mayusa Isolina González Cauich (PRI) presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Plantea reformar los artículos 17, 45, 108, 327, 410, 420 y 485 de este Código, para establecer que en el caso de miembros de pueblos o comunidades indígenas, el defensor y el asesor deberán tener conocimiento de su lengua y cultura y, en su caso, deberá actuar asistido de un intérprete.
Además, el Estado garantizará que se nombre un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, aun cuando hablen el español.
Depredación de su hábitat
Propone que se considere víctima a las comunidades indígenas, en hechos punibles que impliquen discriminación o genocidio respecto de los miembros de la etnia o generen regresión demográfica, depredación de su hábitat, contaminación ambiental, explotación económica o alienación.
Señala que el sobreseimiento de una causa se podrá solicitar cuando el hecho haya sido resuelto por la comunidad indígena conforme a su sistema normativo.
La iniciativa fue enviada la Comisión de Justicia para dictamen.