El Pleno aprobó, con 464 votos a favor y uno en contra, el dictamen que reforma el artículo 28 de la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, para garantizar al acusado o imputado tener un defensor que deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado y con cédula profesional.
También se armoniza esta la Ley Reglamentaria con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El documento fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), una de las promoventes de la iniciativa motivo del dictamen de la Comisión de Educación, expresó que el derecho a la defensa adecuada resulta crucial para salvaguardar los principios del proceso penal, e implica garantizar que las personas que concurran al proceso puedan contar con la defensa o asesoría de profesionales que comprenden las reglas del proceso.
Trato digno e igualitario
El también promovente, diputado Ulises García Soto (Morena), aseveró que es fundamental garantizar los derechos humanos de las personas; la reforma, dijo, busca que haya una defensoría adecuada por parte de un abogado titulado.
Además -dijo-, se promueve un trato digno e igualitario ante la ley, a fin de evitar injusticias.
Con este tipo de reformas, que armoniza los conceptos y principios de la ley fundamental con las leyes secundarias, añadió, habrá un sistema judicial más justo y equitativo, donde el respeto a los derechos humanos sea siempre el eje rector.