Se aprobó en el recinto legislativo de San Lázaro, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, para establecer las bases sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, coordinarán sus acciones en la materia.
El documento, que abroga la Ley General de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, fue avalado en lo general por 242 votos a favor, 204 en contra y cero abstenciones, y en lo particular recibió 245 votos a favor, 205 en contra y cero abstenciones.
Indica que corresponderá al Estado, por conducto de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, la organización e instrumentación de la política pública de la protección civil y gestión del riesgo de desastres.
Los desastres derivados de las amenazas antrópicas
Refiere el texto que no se cubrirán con recursos presupuestarios para la gestión de riesgos; su atención se sujetará a las disposiciones jurídicas federales y locales aplicables en materia de responsabilidad civil.
Puntualiza que los medios de comunicación masiva, electrónicos y escritos, públicos y privados, al formar parte del Sistema Nacional de Protección Civil, colaborarán con las autoridades con apego a los convenios que se concreten sobre el particular, orientando y difundiendo oportuna y verazmente información en materia de protección civil.
El Sistema Nacional de Protección Civil
Será un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades paraestatales entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales, a fin de efectuar acciones coordinadas en materia de protección civil.
El Comité Nacional de Emergencias
Será la instancia de coordinación de las acciones en situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de amenazas que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno. Las entidades federativas deberán contar con centros de estudio y capacitación en materia de protección civil y gestión del riesgo de desastres.
Además, las entidades federativas deberán prever recursos en sus presupuestos de egresos para atender a la población en situación de emergencia y, en su caso, la infraestructura pública estatal que hubiera quedado afectada por la ocurrencia de una o más amenazas naturales.
Considera obligación y responsabilidad de los gobiernos de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales, conforme a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastre para la cobertura de daños causados por un desastre originado por amenazas naturales.
Avalado en lo general y en lo particular, el dictamen se canalizó al Senado para sus efectos constitucionales.
Generar un mecanismo eficaz
En la fundamentación, el diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza (Morena) expresó que el 3 de octubre de 2023 el titular del Ejecutivo remitió la iniciativa para expedir esta ley, la cual responde a las necesidades de implementar políticas que coordinen los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil y gestión del riesgo, generando mecanismos eficaces y acordes a los principios de honestidad, honradez y austeridad.
Indicó que aporta al fortalecimiento de la política de protección civil por medio de un marco normativo sólido que reconozca la necesidad de transitar de una atención reactiva a una atención y enfoque predominantemente preventivo en materia de protección civil, enmarcándola en la gestión del riesgo de desastre. Pone por delante la salvaguarda de la vida humana y construye su marco de actuación a través de la gestión de riesgo de desastre.
Además, dijo, la ley vigente provocó la formación de grandes vicios, como la dependencia entre las entidades federativas de los recursos provenientes del Ejecutivo Federal, y con el dictamen se busca erradicar por completo, ya que se establece que serán ellas quienes prevean los recursos para atender una situación de emergencia.
Es una traición a la confianza y seguridad del pueblo
Del PAN, la diputada Ana María Balderas Trejo anunció que es una traición a la confianza y seguridad del pueblo, y no se puede permitir que una ley tan deficiente y negligente sea aprobada sin debate serio y responsable en el Congreso.
La propuesta viola el debido proceso legislativo y socava la legitimidad de cualquier ley que se apruebe de esta manera. Debemos trabajar juntos para garantizar que la población esté protegida y preparada para hacer frente a los desastres naturales, lamentó.
Se hace caso omiso a las voces de la sociedad
El diputado Rogelio Peña Salinas (PRI) señaló que el Gobierno Federal tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas afectadas por desastres naturales, reciban asistencia y facilitar su recuperación, pero el nuevo ordenamiento señala que estados y municipios deben responsabilizarse de los daños ocasionados.
Atenta contra el principio de subsidiaridad
El diputado Álvaro Jiménez (MC) adelantó que su grupo parlamentario no acompañará la propuesta porque atenta con el principio de subsidiaridad, solidaridad y ata a los municipios a rogarle a instancias estatales o federales apoyo económico. No se debe aceptar la idea de caridad gubernamental porque es irresponsable y no es correcto.
Mencionó que esposar las manos de los municipios a la fortuna de simpatías partidistas atenta contra la vida y patrimonio de los mexicanos. Dejar a ayuntamientos y gobiernos municipales a merced de instituciones de financiamiento privado y aseguradoras, es un paso peligroso para que organizaciones del crimen organizado se queden con lo que le pertenece al orden público.
El dictamen no fue analizado y trabajado en la Comisión
La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) consideró que el dictamen no fue analizado, estudiado y trabajado desde la Comisión de Protección Civil, y se pretende presentar algo que “no tiene ni pies ni cabeza”, pues les regresa a estados y municipios la responsabilidad absoluta de cuidar a las y los ciudadanos sin el acompañamiento de la Federación.
Añadió que la propuesta no establece un porcentaje de gasto programable para atender la prevención y atención de desastres naturales por parte de la Federación.