La austeridad que desconoce derechos deja de ser virtud republicana para convertirse en arbitrariedad constitucional.
José Alberto Sánchez Nava (Columnista)
I. La lógica aparente de la reforma: Austeridad vs. juridicidad
La reciente iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pretende establecer un límite máximo a las pensiones financiadas con recursos públicos, fijándolo en el equivalente al 50% de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal, es decir, alrededor de 70,000 pesos mensuales.
En apariencia, la medida se inscribe en la narrativa de la austeridad republicana: Evitar excesos, homologar criterios y contener el gasto público. Sin embargo, la técnica legislativa empleada y, sobre todo, la ambigüedad en su alcance, evidencian una preocupante confusión conceptual entre remuneraciones activas y derechos pasivos consolidados, lo cual genera una tensión directa con el orden constitucional.
II. La naturaleza jurídica de la pensión: un derecho adquirido, no una concesión graciosa
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que las pensiones constituyen derechos adquiridos, derivados de una relación jurídica previa y consolidada, no simples expectativas sujetas a la discrecionalidad estatal.
En este sentido, la pensión no es una extensión del salario en activo, sino el resultado de un sistema de seguridad social o de condiciones laborales pactadas, cuya modificación unilateral posterior vulnera el principio de seguridad jurídica.
El artículo 14 constitucional establece con claridad la prohibición de la retroactividad en perjuicio de persona alguna. Pretender aplicar un tope a pensiones ya otorgadas —aunque sea bajo el argumento de ajuste futuro de pagos— implica, en los hechos, una afectación directa a un derecho previamente consolidado.
III. La ambigüedad peligrosa: ¿No retroactividad declarativa vs. retroactividad material?
La narrativa oficial sostiene que la reforma no es retroactiva. Sin embargo, esta afirmación se diluye frente a interpretaciones legislativas que sugieren la posibilidad de ajustar las pensiones ya vigentes al nuevo parámetro constitucional.
Esta dualidad revela una contradicción estructural:
o No retroactividad formal: No se modifican los montos ya pagados.
o Retroactividad material: Se alteran los efectos futuros de un derecho previamente adquirido.
Esta distinción, lejos de salvar la constitucionalidad, la compromete. La doctrina y la jurisprudencia han sido claras: no basta con respetar lo ya devengado si se altera la esencia del derecho hacia el futuro, pues ello equivale a desnaturalizarlo.
IV. El artículo 127 constitucional y su ámbito: Una extensión indebida
El artículo 127 fue concebido para regular las remuneraciones de los servidores públicos en activo, bajo principios de proporcionalidad, racionalidad y austeridad.
Extender su ámbito a pensiones y jubilaciones implica una reinterpretación expansiva que no encuentra sustento en su diseño original, generando un conflicto entre normas constitucionales: por un lado, el control del gasto público; por otro, la protección de derechos adquiridos.
La inclusión de organismos descentralizados, empresas productivas del Estado como Pemex y Comisión Federal de Electricidad, así como fideicomisos y banca de desarrollo, amplía el espectro de afectación, pero también incrementa la complejidad jurídica del problema.
V. El vacío sobre contratos colectivos: La zona gris del conflicto
La iniciativa sugiere que las pensiones derivadas de contratos colectivos de trabajo quedarían fuera de la restricción. Sin embargo, esta exclusión no es categórica ni suficientemente clara.
Esto abre un escenario de litigiosidad inevitable:
o ¿Prevalece el contrato colectivo sobre la norma constitucional reformada?
o ¿Puede el Estado invocar interés público para modificar condiciones previamente pactadas?
La respuesta no es sencilla, pero la experiencia comparada y la doctrina laboral apuntan a que los derechos derivados de negociación colectiva también gozan de protección reforzada, especialmente cuando han sido ya devengados.
VI. El camino jurisdiccional: del amparo a la justicia internacional
Frente a este escenario, el Juicio de Amparo se erige como el primer mecanismo de defensa. Su finalidad será cuestionar la constitucionalidad de la norma o su acto de aplicación concreto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá un papel decisivo, pues sus precedentes han reconocido la intangibilidad de las pensiones como derechos adquiridos.
De persistir una afectación, el principio de definitividad obligará a agotar todas las instancias internas antes de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde podría alegarse la violación a derechos como la propiedad privada y la seguridad jurídica.
VII. Refexión final: La delgada línea entre justicia distributiva y ruptura constitucional
La reforma parte de una premisa políticamente rentable: Combatir privilegios. No obstante, en su diseño actual, incurre en una peligrosa simplificación jurídica que confunde excesos indebidos con derechos legítimamente adquiridos.
El Estado constitucional no se mide por su capacidad de reducir costos, sino por su compromiso de respetar las reglas que él mismo ha establecido.
Limitar pensiones puede ser una discusión válida en términos de política pública, pero hacerlo sin distinguir entre lo que puede reformarse y lo que debe respetarse implica cruzar una frontera crítica: La de la confianza en el orden jurídico.