La legisladora federal priísta, Carolina Dávila Ramírez propuso reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal Federal y de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para imponer una pena de 50 a 60 años de prisión en caso de que un homicidio se cometa contra un periodista o persona defensora de los derechos humanos.
Que sea por motivo de sus actividades, opiniones, expresiones o manifestaciones, y determinar que incurrirá en daño, el servidor público que en el marco de su actuación realice acciones u omisiones que desprestigien, obstaculicen o coarten las labores de defensa de los derechos humanos y periodista.
Para dictamen, se canalizó a las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Justicia, y para opinión, a la Comisión de Derechos Humanos.