Con el propósito de establecer que la comisión de delitos relacionados con actos de corrupción, por parte de cualquier servidor público o particulares, sea considerada imprescriptible y sujeta a investigación y sanción, la diputada Dionicia Vázquez García (PT) propuso reformar los artículos 109 y 114 de la Constitución Política.
La iniciativa, turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales para dictamen, y de Transparencia y Anticorrupción para opinión, sostiene que la reforma es fundamental para fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar una gestión pública transparente y eficiente.
Afirma que, a través de la imprescriptibilidad de ese tipo de delitos, se envía un mensaje claro a la sociedad de que no se tolerará la corrupción y los responsables rendirán cuentas. Considera que esto puede disuadir a los funcionarios públicos y a los particulares de cometer delitos de corrupción en el futuro.
La imprescriptibilidad de la acción penal por los delitos de corrupción
Es una medida diseñada para proteger los derechos y el bienestar de la sociedad y no atenta contra los derechos humanos, siempre y cuando se aplique de manera justa y equilibrada y respetando los derechos de los acusados.
Explica que la corrupción es un término que se refiere a la práctica ilegal o deshonesta de usar un cargo o posición en el ejercicio de la función pública para obtener un beneficio personal o económico y puede manifestarse en diferentes formas, como el soborno y la malversación de recursos públicos.
Menciona que la imprescriptibilidad de la acción penal por los delitos de corrupción sólo se aplica en casos en los que se han cometido hechos ilícitos y se encuentra respaldada por leyes y procedimientos legales. Los derechos humanos de los acusados, incluyendo el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia, deben ser respetados en todo momento.
Por ello, indica, fortalecer el marco legal para el combate a la corrupción es crucial”, porque “no combatirla implica un obstáculo para el progreso social y económico, en virtud de que se desvían los recursos públicos que podrían ser utilizados para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.