La diputada panista Josefina Salazar Báez planteó reformar la Ley General de Salud, para que cualquier acción específica de vacunación que no sea parte del Programa Universal de Vacunación sea considerada como medida de seguridad en los términos de esta Ley y cuente con la opinión, basada en la evidencia científica disponible, que emita el Consejo Nacional de Vacunación.
Las acciones de vacunación como medida de emergencia deban aplicarse por personal de salud capacitado para tal efecto, en coordinación con las autoridades locales y considerar de forma prioritaria a las personas con discapacidad como grupo vulnerable en términos del marco jurídico nacional.
La iniciativa
Destaca que la adecuada conducción de los programas de vacunación de emergencia, resulta especialmente relevante en estos momentos con el programa de vacunación relacionado a la pandemia de COVID-19, cuyos fundamentos se encuentran establecidos en el Documento Rector de la Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2.
Explica que la Ley General de Salud solamente contempla el Programa Universal de Salud y las Medidas de Seguridad; por tanto, para que una acción pública en materia de inmunización de la población utilizando vacunas sea ejecutado en términos de la Ley, debe corresponder a una u otra categoría de programas de entre las mencionadas.
Se busca que la vacunación cuente con una opinión del Consejo Nacional de Vacunación el cual, de acuerdo a la propia Ley de Salud, deberá actuar apoyándose en la evidencia científica disponible, así como en los criterios de racionalidad y objetividad.
La iniciativa que adiciona dos párrafos al artículo 408 de la Ley General de Salud, fue remitida a la Comisión de Salud.