Buscan que ningún trámite de certificación vital represente un gasto familiar
Ivette Sosa
Con el propósito de fortalecer el derecho a la identidad, simplificar trámites administrativos y asegurar que ningún ciudadano pague por la certificación de nacimientos o fallecimientos, la diputada Paulina Rubio Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y consolidar la gratuidad y digitalización de estos documentos.
La propuesta, turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen, establece que los certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal serán estrictamente gratuitos en todo el país. En aquellos casos donde deban ser expedidos por profesionales o instituciones particulares autorizadas, el Sistema Nacional de Salud asumirá los costos correspondientes bajo los lineamientos que determine la autoridad sanitaria.
Un punto neurálgico de la iniciativa reside en la adición al artículo 389 Bis de la Ley General de Salud, la cual obliga a médicos, parteras tradicionales y personal autorizado a digitalizar de manera inmediata los certificados de nacimiento en la plataforma electrónica de la Secretaría de Salud. Esta medida permitirá que las autoridades del Registro Civil puedan consultar y cotejar la información en tiempo real, previo a la emisión del acta de nacimiento.
Dar Certeza jurídica en el término de la vida
En su exposición de motivos, Rubio Fernández argumentó que, si bien la Constitución y la legislación en materia de derechos de la niñez garantizan la gratuidad de la primera copia del acta de nacimiento, la Ley General de Salud omitía explicitar la gratuidad de los certificados médicos previos, lo que abría la puerta a cobros por parte de particulares o funerarias ante la falta de cobertura médica pública.
Asimismo, la legisladora resaltó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversos tratados internacionales conciben el registro inmediato de nacimiento como una puerta de acceso fundamental a otros derechos clave, como la educación y la salud. Del mismo modo, enfatizó la importancia de dar Certeza jurídica en el término de la vida, asegurando que la certificación de decesos y muertes fetales no represente una carga económica para las familias en momentos de vulnerabilidad.