El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválido el artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, también conocido como Ley Ingrid, que fue aprobado en julio de 2021.
La causa de la invalidez se debe a que el artículo tenía una redacción inadecuada y sancionaba una amplia gama de conductas.
Sancionaba:
- La indebida utilización de material gráfico, de audio, video o documentos de cadáveres relacionados con investigaciones penales, y
- La sanción se agravaba si el material se refería a mujeres, niñas o adolescentes, o si era cometido por una persona servidora pública.
Caso Ingrid Escamilla
- Las reformas fueron producto de la indignación que causó el caso de Ingrid Escamilla, asesinada en febrero del 2020, cuyas imágenes de su cadáver fueron publicadas por varios medios de comunicación y en redes sociales.
- Fue una propuesta de los grupos parlamentarios de Morena, PRI y PRD.
- Las sanciones eran de tres a seis años de prisión para cualquier persona que incurriera en ese ilícito, con la posibilidad de aumentar a nueve si se trataba de imágenes de mujeres, niñas o adolescentes, y a once años si adicional a eso, quien lo cometía trabajaba en el servicio público.
La acción de inconstitucionalidad 136/2021
Fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 227 Bis, del Código Penal del Estado de México, adicionado mediante Decreto 284, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 16 de agosto de 2021.
En el ámbito federal y en otras entidades también se ha sancionado esa conducta, pero solo para funcionarios públicos.
La SCJN
- Estimó adecuada la intención del legislador de proteger a las víctimas, a través de tipos penales que condenen el uso indebido de la información referidas.
- Sin embargo, el Pleno concluyó que la redacción del precepto posibilitaba que cualquier persona actualizara la conducta y fuera sancionada y no sólo personas servidoras públicas.
- La declaratoria de invalidez, por tratarse de materia penal, surtirá efectos retroactivos al 17 de agosto de 2021, fecha en la que el artículo impugnado entró en vigor.