La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside el diputado Erasmo González Robledo (Morena), se reunió con el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), magistrado Guillermo Valls Esponda, con el objetivo de conocer las necesidades de este organismo en materia presupuestal para el próximo año.
González Robledo explicó que en el marco del análisis del proyecto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2024, la Comisión impulsa mesas de diálogo y acercamiento con las diferentes dependencias y organismos autónomos para conocer algunas particularidades sobre la propuesta que se ha puesto a consideración por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Dijo que el Tribunal tiene un papel importante en la vida pública del país, para resolver juicios que se promueven contra resoluciones definitivas, actos administrativos o procedimientos diversos llevados a cabo por autoridades gubernamentales, además de conocer responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Función Pública, órganos internos de control de entes públicos federales o la Auditoría Superior de la Federación.
Sus labores son fundamentales para mantener un Estado de derecho fortalecido, abonando al desarrollo nacional y la consolidación de la paz social, enfatizó
Recordó que para 2023 se destinaron al TFJA tres mil 153 millones de pesos, y la solicitud que se hace, y que estamos analizando, en el proyecto de PEF para 2024 tiene registrados tres mil 304 millones de pesos.
Hay una diferencia nominal de 151 millones de pesos, y prácticamente la variación real, en un análisis rápido, es de cero por ciento, es decir que el incremento sólo considera el impacto de la inflación, aseveró.
Temas de naturaleza fiscal, administrativa y pensiones civiles
Al hacer uso de la palabra, Valls Esponda pidió revisar el monto presupuestal que envió la SHCP. Resaltó que, en los últimos 10 años, el presupuesto del Tribunal ha oscilado entre dos mil 500 y tres mil millones de pesos, cuyo valor real se encuentra debajo de esa cantidad.
El Tribunal debe contar con suficiencia presupuestal acorde con su situación real, donde no sólo se resuelvan temas de naturaleza fiscal y administrativa, sino también pensiones civiles, haberes de retiro de militares, licitaciones y cumplimientos de contratos públicos, responsabilidad patrimonial del Estado, pago de garantías a favor de la Federación, comercio exterior y sanciones en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.
Lo solicitado, dijo, se destinará a fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para consolidar el funcionamiento del sistema del juicio en línea Versión 2, y robustecer la administración y operación del procedimiento contencioso administrativo, es decir hacerlo más ágil, económico y seguro.
Informó que se elaborará un plan de prevención de desastres para asegurar la continuidad de los servicios y sistemas informáticos, uno más de tipo digital en materia de ciberseguridad para proteger la integridad de la información digital que tiene el Tribunal, así como un modelo de gobierno de tecnologías de la información alineado a las mejores prácticas y estándares.
También, dijo, se fortalecerán servicios integrales de comunicación e infraestructura de cómputo, licenciamiento de softwares y desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas.
Entre otros proyectos, destacó la creación del Centro de Mediación para fortalecer y acercar una cultura de solución de conflictos con calidad y eficiencia. Para institucionalizar la perspectiva de género e implementar acciones transversales de prevención y atención de la desigualdad, discriminación y violencia por razones de género, se creará la Unidad de Género del Tribunal.
Para anticipar el deterioro de equipos e inmuebles, anotó que se llevarán a cabo acciones correctivas y de mantenimiento mayor en la infraestructura del Tribunal a nivel nacional a través de diversas reparaciones.