Con el tema “Soberanía popular, fortalecimiento de la democracia directa y vinculación ciudadana para revisar y modificar el régimen de designaciones de cargos en la Suprema Corte”, inició en el recinto de San Lázaro, la primera de cuatro mesas que integrarán el conversatorio Participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial de la Federación, convocado por el grupo parlamentario de Morena.
Al iniciar las ponencias, Mónica González Contró, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo inclinarse más por la legitimación indirecta en la designación de los ministros de la Suprema Corte, al señalar que existen prácticas y riesgos que se pueden dar si se optara por una elección popular.
Afirmó que llevar a cabo una elección directa de ministras y ministros, implica retos muy importantes en términos prácticos y organizativos, donde se pueden dar injerencias partidistas que afectarían la independencia judicial de los poderes fácticos y económicos.
El litigante en materias constitucional, parlamentaria, administrativa, electoral y en derechos humanos, Andrés Norberto García Repper, cuestionó el procedimiento para la designación de los ministros de la Suprema Corte y señaló que éste siempre ha sido politizado. Se pronunció por revisar dicho procedimiento.
No hay convocatoria pública, se necesita que el presidente de la República lo proponga al Senado, y se necesita -que los interesados- anden caminando por los pasillos del Senado solicitando audiencia. Asimismo, planteó que se deben elegir a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
Crear una secretaría o comisión nacional de justicia
Diego Valadés Ríos, jurista, investigador emérito y exministro, planteó revisar el procedimiento de selección de los ministros de la Corte, ya que el procedimiento obedece al modelo de presidencialismo hegemónico. Señaló que quien presida la Corte, debe sustituirse cada año para que no haya hegemonía de poder en los órganos de justicia.
Sostuvo que para resolver los problemas de procuración e impartición de justicia en el país, como la obtención de pruebas de forma ilegal o cateos a casas sin orden judicial, se requiere crear una secretaría o comisión nacional de justicia que aporte lineamientos de una política, ya que esas situaciones no se resuelven con la mera elección de las y los ministros de la Corte.
El académico, intelectual, jurista y exlegislador, Amador Rodríguez Lozano, expresó que nadie puede estar en contra de que el pueblo designe directamente a importantes miembros del sistema jurídico mexicano.
Dijo que el procedimiento planteado arroja incógnitas y problemas que se deben resolver antes de aplicarse.
No por ser innovadores o demócratas, vamos a echar a perder la Corte constitucional mexicana; se debe analizar quién o quiénes propondrán a los candidatos, si podrán participar los partidos políticos o será extrapartido, y permitir que un grupo de notables califique los requisitos es antidemocrático.
Que sea la sociedad la que elija a los ministros de la Corte
Rafael Estrada Michel, coordinador del Programa Acceso a la Justicia en el Estado de México, consideró necesario preguntarse seriamente si el hecho de que la elección de ministros de la Corte sea mediante el voto directo o si se pueden encontrar caminos más óptimos realmente abonan a un mejor esquema de independencia judicial.
Destacó la conveniencia de aplicar el mecanismo chileno en donde la Cámara de Diputados puede elegir a uno de los magistrados, el Senado a otro, uno más electo por un Consejo de Universidades, la Presidencia otro más, e incluso la “propia cabeza del Poder Judicial puede proponer”.
Jaime Cárdenas Gracia, doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se manifestó a favor de la elección democrática de los ministros de la Suprema Corte. Precisó que en una sociedad democrática todas las autoridades fundamentales del Estado, los titulares de los Poderes, de los órganos constitucionales autónomos, “deben tener un origen democrático” porque deriva del artículo 39 de la Constitución en el principio de soberanía popular”.
Sostuvo que el modelo actual de elección de ministros “no se ajusta a las circunstancias de nuestro tiempo político” y, por lo tanto, hay que cambiarlo democráticamente para “que sea la sociedad la que elija a los ministros de la Corte y no sean las élites de los partidos o los poderes facticos o el señor presidente de la República”.