Buscan obligar a policías a dar resguardo seguro y atención psicológica a infantes
Ivette Sosa
Ver irrupciones domiciliarias, armas de alto calibre, gritos o el arresto violento de sus padres, dejará de ser un trauma sin atención legal para los niños en México.
Con el objetivo de erradicar la violencia institucional que daña el desarrollo emocional de las infancias, la diputada Gissel Santander Soto, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma para modificar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El proyecto busca obligar a todas las fuerzas ministeriales, policiales y judiciales a aplicar de manera estricta el principio del interés superior de la niñez durante cualquier operativo o acto de investigación.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia para su análisis, plantea modificaciones a los artículos 10 y 132, además de la adición del artículo 266 Bis del citado código.
El corazón de la reforma radica en fijar mandatos operativos rigurosos para los elementos policiacos, forzándolos a identificar de inmediato la presencia de menores en el lugar de los hechos y a minimizar de forma absoluta el uso de la fuerza, la visibilidad de armamento o cualquier táctica de intimidación.
Protocolos de arresto sin contacto visual
La iniciativa establece que, siempre que sea tácticamente posible sin poner en riesgo el éxito del operativo, los policías deberán procurar que las detenciones se ejecuten completamente fuera del campo visual del menor.
Asimismo, el protocolo prohíbe separar a los infantes de su figura cuidadora —salvo que ésta represente un peligro real e inminente para su propia vida— y mandata asegurar el resguardo de los menores en espacios dignos, tranquilos y libres de hostilidad.
El documento técnico advierte que, si un niño llega a sufrir una afectación emocional debido a la irrupción, las autoridades están obligadas a canalizarlo de inmediato a los servicios de protección social y garantizarle atención psicológica de urgencia.
Con esto, se busca cerrar un vacío procesal histórico que permitía realizar cateos y detenciones en contextos familiares sin la menor perspectiva de infancia, exponiendo a miles de menores a escenas traumáticas cotidianas.
El daño invisible avalado por la UNICEF
En su exposición de motivos, la legisladora Santander Soto sustentó la urgencia de la reforma en criterios de salud pública internacional. Citando datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el texto advierte que la exposición directa de los niños a eventos traumáticos de violencia institucional detona afectaciones severas a largo plazo, tales como ansiedad crónica, trastorno de estrés postraumático (TEPT), regresiones conductuales y una profunda desconfianza hacia los cuerpos de seguridad del Estado.
Impacto emocional en la infancia
- Ansiedad crónica y alteraciones graves del sueño.
- Trastorno de estrés postraumático (TEPT) por irrupciones armadas.
- Regresiones conductuales y pérdida de control de esfínteres.
- Desconfianza estructural hacia las instituciones públicas.
Por su parte, organizaciones civiles como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) han documentado múltiples casos donde la negligencia policial ha dejado a menores en total desamparo tras un operativo.
De ser aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, esta reforma obligará a una profunda profesionalización de las corporaciones policiacas, armonizando el sistema penal mexicano con los estándares internacionales para consolidar un modelo de justicia más preventivo, humanista y respetuoso de la dignidad infantil.