El tiempo dejará de ser aliado de corruptos; van por reforma constitucional
Con el objetivo de erradicar la impunidad institucionalizada, el diputado Javier Vázquez Calixto, integrante del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de reforma constitucional para que los delitos de corrupción cometidos por servidores públicos y representantes populares sean imprescriptibles.
La propuesta busca modificar los artículos 109 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con este cambio, el tiempo dejará de ser una vía de escape para quienes desvíen recursos públicos, garantizando que la acción penal y las sanciones correspondientes permanezcan vigentes de forma permanente.
La reforma aplica específicamente para delitos de gravedad institucional como el uso ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, peculado y enriquecimiento ilícito.
El documento precisa que la medida alcanzará tanto a funcionarios en funciones como a particulares obligados legalmente a la custodia y administración de recursos del erario.
De acuerdo con el proyecto, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen, la persecución de estos delitos se realizará de oficio.
Esto significa que las autoridades ministeriales actuarán de inmediato de forma legal, sin requerir denuncias, querellas o autorizaciones previas de ningún tipo.
Exposición de motivos
Vázquez Calixto argumentó que la prescripción del delito nació como una garantía de seguridad jurídica, pero en la práctica se transformó en un obstáculo para la justicia.
Afirmó que conductas como el desvío de presupuesto representan una traición a la confianza ciudadana que debilita el desarrollo democrático y económico del país.
El objetivo es garantizar que el tiempo deje de ser un aliado de la impunidad y se convierta en un instrumento de justicia permanente en favor de la sociedad, enfatizó el legislador.
Añadió que la propuesta se alinea con tratados internacionales firmados por México, con lo que se busca establecer un estándar de responsabilidad, donde cada peso protegido se traduzca en infraestructura y servicios públicos.
