Buscan blindar el marco jurídico nacional bajo la presunción de riesgo feminicida
Con el firme objetivo de erradicar los vacíos y retrasos burocráticos que ponen en riesgo la vida de las víctimas, el diputado Eduardo Gaona Domínguez (MC), presentó una iniciativa de ley para establecer que, ante la desaparición o no localización de una mujer, niña o adolescente, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán actuar de manera inmediata.
El proyecto, remitido formalmente a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, plantea adicionar el artículo 21 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La columna vertebral de esta propuesta consiste en obligar a las fiscalías y corporaciones policiacas a activar de forma automática los protocolos de búsqueda vigentes, prohibiendo tajantemente que el inicio del rastreo sea condicionado al transcurso de plazo de horas o días alguno.
Medidas de protección y castigo a la negligencia
La iniciativa no se limita al rastreo logístico. Gaona Domínguez propone que, desde el primer instante en que se tenga conocimiento de la ausencia, las autoridades implementen medidas de protección reforzada en favor del entorno familiar o personas cercanas, que pudieran encontrarse en una situación de riesgo colateral.
Asimismo, se contempla la obligatoriedad de documentar y dar seguimiento puntual a cada expediente, asegurando el derecho de las familias a participar activamente en el proceso de localización.
Para garantizar la efectividad de la reforma, el dictamen advierte que cualquier omisión o incumplimiento de las obligaciones previstas generará responsabilidades administrativas, civiles o penales severas en contra de los servidores públicos negligentes, conforme a la legislación aplicable en la materia.
Alineación con mandatos internacionales
En la exposición de motivos, el legislador neolonés señaló que organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) han catalogado de manera reiterada la desaparición de mujeres como una forma extrema de discriminación de género.
Recordó que dicho órgano recomendó a México robustecer sus mecanismos institucionales y suprimir las prácticas dilatorias que históricamente han entorpecido las investigaciones.
Finalmente, destacó que el espíritu de la propuesta se alinea con la Convención de Belém do Pará, la cual exige a los Estados actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género.
Reducir los tiempos de respuesta oficiales bajo la presunción de riesgo feminicida constituye un mecanismo concreto para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos.