Modernización del marco penal: La reforma al artículo 386 no tipifica un delito nuevo, sino que reconoce la tecnología como un agravante en conductas ilícitas que ya afectan el patrimonio de los sectores más vulnerables.
Ivette Sosa
El diputado Paulo Gonzalo Martínez López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa de reforma al artículo 386 del Código Penal Federal con el objetivo de incrementar hasta en un 50%, las penas por fraude cuando éste se perpetre mediante herramientas tecnológicas y en perjuicio de adultos mayores.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen, busca hacer frente al avance de los delitos patrimoniales cometidos a través de plataformas digitales, aplicaciones móviles, mensajes de texto, sitios web y otros medios electrónicos.
Actualmente, el Código Penal Federal contempla sanciones por fraude que van desde los tres días hasta los 12 años de prisión, acompañadas de multas económicas en función del monto total de lo defraudado.
Con la modificación propuesta, tanto los mínimos como los máximos de dichas penas se elevarían en un 50% en los casos donde concurran el uso de tecnología y la condición de la víctima como adulta mayor (persona de 60 años o más).
La medida no busca penalizar el uso de herramientas tecnológicas
Ni crear un tipo penal nuevo, sino adaptar la legislación vigente a las modalidades contemporáneas de engaño.
Destacó que la reforma respeta el principio de proporcionalidad, dado que para aplicar la sanción agravada, será indispensable acreditar formalmente el uso de los medios digitales señalados y la edad de la víctima.
Con esta acción, se pretende cerrar la brecha entre la evolución tecnológica y la respuesta institucional del Estado, enviando un mensaje claro de protección hacia la economía y tranquilidad de las personas adultas mayores.