La diputada Greycy Marian Durán Alarcón (PT) busca garantizar certeza presupuestal, seguridad social homologada y equipamiento normado para este sector.
Ivette Sosa
Con el objetivo de saldar una deuda histórica con los cuerpos de rescate en el país, la diputada Greycy Marian Durán Alarcón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Protección Civil, para incorporar formalmente la definición de “bomberas y bomberos” como servidores públicos y personal voluntario especializados en la primera respuesta ante riesgos, emergencias y desastres.
La propuesta, turnada a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, busca erradicar la vulnerabilidad jurídica e institucional que, por décadas, ha relegado a estos organismos a operar bajo figuras de patronatos, asociaciones civiles o esquemas de voluntariado informal.
Según expuso la legisladora, esta falta de homologación en la ley marco, ha provocado una grave carencia de certeza presupuestal obligatoria, la omisión de seguridad social y la falta de equipo normado para el desempeño de sus funciones.
Ejes clave de la reforma:
- Protección y neutralidad: Establece con claridad que los cuerpos de bomberos no podrán ser utilizados bajo ninguna circunstancia como herramientas de coerción, disuasión o represión contra la protesta social, ni ser manipulados para beneficiar o perjudicar a partes involucradas en alguna contingencia.
- Especialización operativa: Define de forma precisa que el personal deberá contar con preparación técnica o empírica en identificación, monitoreo, prevención, atención y mitigación de incendios, rescates y salvamentos dentro de la Gestión Integral del Riesgo.
- Coordinación nacional: Faculta a la Coordinación Nacional de Protección Civil para sentar las bases normativas de organización y funcionamiento de los cuerpos de bomberos en las 32 entidades del país, articulándolos directamente con los tres órdenes de gobierno.
De aprobarse las modificaciones a los artículos 2 y 19 de la citada ley, el Estado mexicano daría un paso decisivo hacia la dignificación laboral y la profesionalización del servicio público de bomberos a nivel federal.