La Comisión de Asuntos Migratorios, presidida por la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez (PAN), avaló por 17 votos a favor y siete en contra, el informe de los trabajos legislativos realizados por la instancia, sobre la declaración de inconstitucionalidad de las revisiones migratorias emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El documento señala que la resolución de la primera sala de la SCJN que declara inconstitucionales los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración tiene implicaciones significativas en términos de derechos humanos y discriminación étnica:
Esta decisión -acota- responde a la preocupación por la libertad de tránsito y circulación de personas, así como por la posibilidad de actos discriminatorios contra mexicanos indígenas y afromexicanos durante las revisiones migratorias.
Sin embargo, añade, “se estima que la derogación de las revisiones migratorias plantea preocupaciones sobre la seguridad nacional y el control migratorio, por lo cual es necesario ahondar en el estudio de otras figuras que puedan integrarse al control migratorio y no sean violatorias de derechos humanos; asimismo, se estima que la derogación de las revisiones migratorias plantea preocupaciones sobre la seguridad nacional y el control migratorio”
El informe destaca que:
Estas revisiones son esenciales para prevenir la entrada irregular de personas, incluidas aquellas con vínculos con el terrorismo o la delincuencia organizada.
La Comisión considera que eliminar las revisiones migratorias sin realizar un trabajo de reestructuración respecto a las facultades del Instituto Nacional de Migración (INM) podría generar una crisis migratoria al dificultar la identificación y rastreo de personas migrantes, lo que potencialmente aumentaría el tráfico de personas y representaría un desafío para la seguridad nacional.
También apunta que es necesario continuar con el debate legislativo sobre cómo abordar la inconstitucionalidad de las revisiones migratorias, proponiendo una redacción alternativa que permita al INM continuar sus tareas de control migratorio de manera efectiva, mientras se respetan los derechos fundamentales.
Sofía Carvajal Isunza, legisladora priísta, señaló que la SCJN ya tomó un criterio y una resolución y las y los legisladores tendrían que homologar ese criterio en la legislación. Asimismo, dijo, el INM es un ente coadyuvante en este caso, pero no es quien debe determinar el trabajo de los integrantes de la Comisión.
