Para proponer acciones en el complicado contexto actual de EU y México, debemos partir de varias situaciones ineludibles: No se cuenta con mayor presupuesto y personal, existe una recesión económica que afecta el empleo de muchos connacionales en México y en EU. Ello, aunado a una política agresiva antiinmigrante del presidente Trump, en un contexto de cuidado extremo de la seguridad nacional y de las fronteras, genera mayores riesgos para el inmigrante en general, pero en mayor grado al indocumentado.
Bernardo Méndez Lugo*
El contexto político internacional y bilateral no es nada alentador para negociar un acuerdo migratorio o más visas temporales para trabajadores huéspedes, el expresidente López Obrador insistió en el incremento de visas de trabajo agrícola y de servicios para trabajadores de baja calificación, incluyendo visas para trabajadores centroamericanos.
Más bien, se ha generado un aumento de la ola xenofóbica y antimexicana en un ciclo económico recesivo, cuando se exacerba la disputa por empleos y se generan fricciones al interior de la propia comunidad latina y entre mexicano-americanos e inmigrantes recientes indocumentados por los mismos espacios laborales en algunas ramas de la economía. Muchas personas ciudadanas de origen mexicano y latino, votaron por Trump.
Este conflicto fue aprovechado por líderes como el magnate neoyorquino y una parte de la comunidad mexicana y latina se identifica con él, incluyendo hijos de braceros con cierto nivel educativo que lo apoyan.
Situaciones de conflicto ya se han generado en regiones fronterizas de Texas y California con altas concentraciones de población mexicana, cuando el influjo de indocumentados ha incidido en la baja de salarios y desplazamiento laboral de trabajadores de origen mexicano nacidos en EU o con residencia legal (6).
Entender este contexto y las limitaciones que impone es fundamental para proponer acciones viables en el corto y mediano plazo.
Los consulados deberán concentrarse en los casos más urgentes de protección, como son: los connacionales sentenciados a pena de muerte, la defensa de derechos humanos y laborales de los connacionales indocumentados y de reciente inmigración que cuenta con todos los documentos y permisos, así como sus familias; alianzas con organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos de los inmigrantes, para fortalecer redes de información y protección preventiva.
“Amigos de México”
Existen posibilidades para recibir donativos de los bancos que han aceptado la matrícula consular, motivo por el cual debe apoyarse la cohesión de los mexicanos y sus clubes y asociaciones para constituir organizaciones al estilo “Amigos de México”, bajo la ley estadounidense y que estarían autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos.
Asimismo, existe un clima propicio para trabajar con cámaras de comercio latinas y mexicano-americanas, interesadas en promover nuevos negocios y productos de nuestro país, apoyando a inmigrantes mexicanos que ya cuentan con experiencia empresarial y comercial.
En lo relativo al papel del Instituto para los Mexicanos y Mexicanas en el Exterior (IMME), creado en agosto de 2002 durante el gobierno del presidente Fox, debe generarse con el apoyo de los consulados, un espacio adecuado para una nueva interacción reinstalando el Consejo Consultivo de dicho Instituto con los líderes comunitarios de cada circunscripción consular.
Este espacio de diálogo debe promoverse activamente por las autoridades consulares sin interferir en la vida interna y las decisiones del Consejo Consultivo, impulsando una mayor representatividad de los consejeros que fueron elegidos en cada circunscripción consular.
Es factible y viable que los consejeros estén conscientes de la problemática de los indocumentados y que, en sus resoluciones, contemplen acciones para apoyar a este sector vulnerable.
Consulados e IMME
Deben realizar tareas de organización comunitaria que incorporen a los indocumentados y a sus representantes en la definición de tareas y proyectos tanto del IMME como de la Cancillería e, inclusive, de los Institutos y centros culturales independientes para la promoción cultural.
La comunicación y relación estrecha de un Consejo Consultivo del IMME reconstruido y la reactivación del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas, que fue presidido por el Ejecutivo Federal, es fundamental ya que el éxito de las políticas del gobierno de México depende de una visión de conjunto y de acciones coordinadas a nivel intersecretarial.
Una tarea de las comisiones intersecretariales de la urgencia de reactivar y reinstalar el Consejo Nacional de Comunidades Mexicanas, es el generar proyectos de desarrollo y empleo en las regiones expulsoras de mano de obra.
Reactivar el programa 3 X 1, que fue eliminado al inicio del pasado gobierno federal por irregularidades. Deben corregirse errores y reactivarlo con mayor transparencia y rendición de cuentas.
Este programa consistía en donde por cada dólar que aporta el migrante para su comunidad de origen, el gobierno federal aporta 1 dólar y 1 dólar más el gobierno del Estado y, en muchos casos, se agrega 1 dólar del gobierno municipal.
En nuestro criterio, si bien debemos atender la problemática del migrante que se encuentra ya en EU, también debemos, como Nación, generar una política responsable de desarrollo regional, una política consistente con las necesidades sociales que limite en lo posible la sangría laboral y humana que significa la migración (7), reconociendo que son tareas más allá de las responsabilidades de la Cancillería.
No obstante, es necesario pensar el fenómeno migratorio en los significados múltiples que tiene, como es el surgimiento de un nuevo actor binacional, que implica tener una visión transnacional del migrante y de su impacto social y económico, temas que he abordado en artículos previos.
Asimismo, se deben explorar e impulsar nuevas formas de acción ciudadana, como la lucha por el voto en los dos países; No como un capricho o intromisión, sino como una realidad nueva.
Como lo planteó la antropóloga Melba Pría Olavarrieta en un foro de legisladores; (8) o la iniciativa del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, quien presentó un proyecto en Los Ángeles, para involucrar a oriundos de Zacatecas, Michoacán y Jalisco en la defensa y promoción de áreas naturales protegidas en dichos Estados (9).