En días pasados, la Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 201 del Código Penal Federal para aumentar hasta en una mitad, las penas por corrupción de menores cuando se vincule con delitos de la delincuencia organizada.
El dictamen, enviado al Senado, señala que es necesario modificar ese ordenamiento, a fin de establecer el reclutamiento de menores para actividades relacionadas con el crimen organizado como una circunstancia agravante del delito de corrupción de menores.
Reclutamiento criminal no es solo un delito, es forma moderna de esclavitud
La diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez (Morena) señaló que esta reforma parte de un análisis con enfoque de derechos humanos y no se trata de crear tipos penales redundantes, sino de fortalecer lo que ya existe, dotarlo de mayor claridad y eficiencia y enviar un mensaje: quien reclute a un menor para delinquir enfrentará consecuencias proporcionales a la gravedad del daño de la causa.
Se reconoce que el reclutamiento criminal no es solo un delito, es una forma moderna de esclavitud moral, una apropiación del futuro de la juventud mexicana.
Enfatizó que con la modificación se establece una agravante clara: Cuando la corrupción de menores se vincule con delitos de delincuencia organizada, la pena se incrementará.
Y con ello estamos protegiendo bienes jurídicos fundamentales, estamos defendiendo el derecho de cada niña y niño en México, y por supuesto a construir su historia lejos de la violencia.
Se reduce un fenómeno estructural a una consecuencia penal
Tania Palacios Kuri (PAN) enfatizó que mientras el crimen organizado ya recluta en redes sociales, en chats privados, en plataformas digitales, “nuestra legislación sigue anclada en un tipo penal pensado para un México analógico. El crimen ya migró al mundo digital, nuestra ley todavía no”.
Afirmó que no se puede permitir que el narcomenudeo tenga reclutadores adolescentes.
No podemos permitir que el crimen organizado tenga guarderías, que la explotación sexual infantil se normalice en pantallas. Y quien utiliza un niño para delinquir no merece indulgencia, merece sanción ejemplar.
Salvaguardar a niños y adolescentes del crimen organizado
Felipe Miguel Delgado Carrillo, legislador del PVEM, indicó que se busca salvaguardar a niñas, niños y adolescentes frente al crimen organizado, especialmente protegiéndolos del reclutamiento forzoso. La reforma busca sancionar de manera específica la utilización de las y los menores en actividades propias del crimen organizado.
Precisó que el crimen organizado ha ganado terreno en los últimos años, obligando a menores de edad a participar en sus estructuras criminales y estas actividades se caracterizan por ser estructuradas, planificadas y ejecutada por un grupo de más de dos personas que convierte estos delitos en su medio de vida.
Es un avance que no resuelve el problema
Mary Carmen Bernal Martínez (PT) sostuvo que existe un avance, pero que aún no se resuelve el problema en el que se encuentra nuestro país.
En muchos estados se ve de manera muy dolorosa cómo las niñas, niños y adolescentes son reclutados de manera forzada por parte del crimen o delincuencia organizada y no se puede hacer mucho porque no existe un marco legal adecuado. Este delito simplemente no existe, no está debidamente tipificado en el Código Penal Federal, lo que genera una gran laguna legal.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) mencionó que hay mucha resistencia en diferentes fiscalías para que el reclutamiento forzado se establezca como un delito autónomo.
Si verdaderamente queremos combatir a los grupos criminales, hay que atajarlos en esos tres ejes: financiamiento, armas y reclutamiento forzado, aseveró.
Miguel Alejandro Alonso Reyes (PRI) aseveró que hoy el reclutamiento forzado no está claramente tipificado como delito en nuestro marco legal, lo que constituye una grave omisión del Estado mexicano, que perpetúa la impunidad y fortalece a la delincuencia organizada que ha encontrado terreno fértil ante esta laguna legislativa y, por ende, la pasividad de las autoridades.
No podemos conformarnos, tenemos que ir más allá, porque adecuar la conducta del reclutamiento forzado bajo el tipo penal de corrupción de menores no equivale ni jurídica ni materialmente a reconocer como tipo penal al reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.
El legislador Pablo Vázquez Ahued (MC) subrayó que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se debe dimensionar como un problema amplio, complejo y que tiene muchas modalidades, que se reproduce a lo largo y ancho de nuestro país.
Combatir el reclutamiento no solamente es una urgencia para la protección de las niñas y niños mexicanos, es también un imperativo estratégico para combatir a la delincuencia organizada, porque los descabezamientos o ciertas acciones no son suficientes para combatir estos grupos.