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Rectificar a tiempo para salvar el árbitro: El golpe de timón de Ricardo Monreal en defensa de la estabilidad democrática

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Mientras el líder parlamentario tiende puentes con la oposición y pide respetar los tiempos de la FGR, la estridencia de voceros como Arturo Ávila tensa las negociaciones.

Bernardo Méndez Lugo

En momentos de crisis institucional, la política exige oficio, prudencia y una visión de Estado que trascienda la coyuntura electoral. El escenario que hoy enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE), tras la abrupta salida de Guadalupe Taddei y las investigaciones en curso por presuntas irregularidades administrativas, representa una prueba de fuego para la clase política mexicana de cara a los comicios de 2027.

En medio de esta tormenta, la postura asumida por el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, destaca por su responsabilidad republicana y su compromiso con la legitimidad democrática.

Como bien señala el analista Fred Álvarez Palafox en su reciente columna, en el Congreso mexicano se libra actualmente una disputa entre dos formas de entender el quehacer político:

La del operador institucional que tiende puentes y la del vocero que privilegia la confrontación.

Frente a la tentación de utilizar la mayoría legislativa para imponer una solución unilateral, Monreal ha fijado una premisa fundamental para la salud de la República: No se debe designar una presidencia sustituta que nazca impugnada y carente de legitimidad de origen.

Esta decisión no es menor. Entender que el árbitro electoral requiere del consenso y la unanimidad de las fuerzas políticas —incluyendo a las dirigencias parlamentarias del PRI y del PAN— demuestra que el legislador zacatecano comprende que la certeza electoral no se decreta, se construye.

Al anteponer el diálogo a la imposición numérica

Monreal protege el proceso electoral de 2027 de futuras descalificaciones y abona a la pacificación política del país. Más valiosa aún resulta su disposición a la autocrítica legislativa. El pronunciamiento de Monreal a favor de revertir la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) de octubre de 2024— que concentró facultades administrativas excesivas en la presidencia del organismo—, es un ejercicio de honestidad política poco común.

Reconocer que los llamados superpoderes resultaron contraproducentes y abogar por devolverle la colegiación al Consejo General, habla de un liderazgo capaz de rectificar el rumbo cuando la realidad demuestra que una norma ha fallado.

Sin embargo, este esfuerzo de construcción institucional enfrenta obstáculos internos. Mientras el coordinador parlamentario pide respetar los tiempos legales de la Fiscalía General de la República y mantener abiertas las puertas de la negociación, las declaraciones estridentes de otros actores, como el vocero Arturo Ávila, amenazan con dinamitar los puentes que con tanto cuidado se intentan tender en San Lázaro.

La historia política demuestra que la estridencia mediática suele dar dividendos de corto plazo, pero erosiona los acuerdos de fondo. El país no necesita en este momento campañas de descalificación ni reescrituras convenientes del pasado; necesita estadistas capaces de asumir responsabilidades y garantizar instituciones sólidas.

La ruta trazada por Ricardo Monreal es, sin duda, la más compleja porque exige paciencia, escucha y cesiones mutuas. No obstante, es la única vía sensata para reconstruir la confianza ciudadana en el órgano electoral.

Hoy, más que nunca, la congruencia y la mano tendida del coordinador parlamentario, representan el activo más valioso para darle viabilidad democrática al México de 2027.

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