En el marco de los foros de Diálogo Nacional acordados y convocados por la Jucopo de la Cámara de Diputados y la Comisión de Defensa Nacional para analizar y debatir las iniciativas de reforma enviadas por el Poder Ejecutivo, se analizaron en Guanajuato las reformas a la Guardia Nacional planteadas por el Ejecutivo Federal.
La diputada local y moderadora, Susana Bermúdez Cano, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, opinó que las iniciativas requieren de la participación de las entidades federativas para ser calificadas en el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales y sean parte de la norma constitucional y del derecho positivo vigente.
Jurisdicción civil y militar
En su ponencia, la presidenta de Causa en Común, María Elena Moreira afirmó que la iniciativa tiene muchos peligros y el más significativo es la erosión de la distinción entre la jurisdicción civil y militar.
Subrayó que, de aprobarse reforzaría la supremacía del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes de la unión, deterioraría los principios fundamentales de la democracia y el derecho.
Puntualizó que es responsabilidad del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales evitar que se altere la naturaleza de la Guardia Nacional. “Es crucial que se ejerza un contrapeso de parte del Legislativo para proteger a las instituciones democráticas y garantizar la primacía de las autoridades civiles en seguridad pública”.
Arturo Lara Martínez, magistrado de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato, destacó que la iniciativa presenta contradicciones entre su exposición de motivos y su cuerpo, por lo que hay un riesgo en el respeto a las garantías fundamentales.
Planteó la necesidad de que sea analizada con detenimiento, toda vez que la seguridad pública no tiene un plan transexenal, sino de gobierno, conformada con políticas que posteriormente resultan desechables.
Explicó que con la propuesta se limita al siguiente gobierno a realizar una modificación, porque se adopta una reforma estructural que impediría impulsar nuevas políticas púbicas en materia de seguridad. Reiteró que los elementos de la Guardia Nacional tendrán los mismos beneficios de seguridad social que los elementos de las Fuerzas Armadas y aclara que no es una institución de seguridad pública, pero sí se debe coordinar para fines de seguridad pública.
Piden voto en contra
Raymundo Sandoval, del Colectivo La Justicia que Queremos, puntualizó que la iniciativa del Ejecutivo no cumple lo establecido por la Corte Interamericana porque no establece la participación de carácter extraordinario de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Agregó que tampoco tiene control para que la participación del Ejército en seguridad pública sea regulada, ni cumple con el elemento de fiscalización, lo que implica un llamado al Congreso de la Unión y a los congresos de los estados a votar en contra de esta iniciativa.
Por su parte, Simón Alejandro Hernández, coordinador de la licenciatura en derecho y de la Clínica Jurídica “Minerva Calderón” de la Universidad Iberoamericana de Puebla, advirtió que la reforma se debe estudiar con detenimiento, ya que se encuentra en conflicto con normas o tratados enfocados a los derechos humanos. Reiteró que si se tiene la condición de una fuerza de seguridad permanente de carácter militar que no esté sujeta al mando civil, se tendrá un tipo de restricción constitucional que será contraria a normas y decisiones internacionales.
Céline González, investigadora senior del Programa de Seguridad de México Evalúa, consideró que existen contradicciones entre los valores que sostiene la seguridad ciudadana y la decisión de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; una de ellas es cuando se justifica que la Guardia obedecerá una disciplina militar con funciones policiales.
Si bien, tanto la función policial y la militar incluyen el uso de fuerza los propósitos y métodos son distintos. Equiparar la función militar con la policial es un error, aseveró.
Propuso regular las armas de fuego, que haya mayor desarme voluntario, tener relación y cooperación con Estados Unidos porque cerca de 70 por ciento de las armas de procedencia ilícita en México provienen de ese país. Es importante revalorizar la función policial estatal y municipal.
En un modelo democrático lo ideal es apostar por mantener el orden público utilizando como último recurso la violencia y la fuerza letal, señaló.
