Ante la escalada de persecución política a sus opositores, de cara a los comicios generales en Nicaragua, Washington amplió la presión contra el gobierno de Daniel Ortega. El Departamento de Estado retiró las visas a 50 familiares directos de altos funcionarios, mientras que el Congreso avaló una ley que endurece las medidas contra el régimen, a fin de garantizar elecciones libres y justas.
A través de un despacho de prensa, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta sostiene que la propuesta sirve para aumentar de forma drástica el compromiso diplomático de EU frente a las tácticas represivas de Ortega para intimidar y arrestar a los candidatos opositores a las elecciones del 7 de noviembre.
El proyecto amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, aboga por la imposición de sanciones selectivas a responsables de ese gobierno, y que éstas se coordinen con Canadá y la Unión Europea, amén de pedir que se revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (Cafta).
También, Nicaragua se añade a la lista de naciones istmeñas sujetas a restricciones de visados norteamericanos relacionadas con la corrupción y exige el acceso a informes clasificados sobre supuestas actividades corruptas perpetradas por el Ejecutivo de Ortega y su familia.
El 12 de julio
El Departamento de Estado de EU prohibió los visados a 100 legisladores, jueces, fiscales y familiares de esos funcionarios bajo una política de restricción de visa que se aplica a los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia.
Incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos, y los familiares directos de dichas personas.