PAN va por cambios a la Ley de los Derechos de la Niñez: Exigen detectar a tiempo adicciones y trastornos en escuelas
Ivette Sosa
La estabilidad emocional, psicológica y social de las nuevas generaciones debe dejar de ser un privilegio de pocos para convertirse en una obligación garantizada por el Estado. Con el propósito de estructurar un sistema integral que proteja el bienestar de la primera infancia y la adolescencia, el diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, impulsa una iniciativa de reforma para garantizar el derecho universal, gratuito, oportuno y especializado a la salud mental de niñas, niños y adolescentes en México.
La propuesta, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis y dictaminación, adiciona la fracción XXI al artículo 13 y el artículo 50 Bis, además de reformar la fracción II del artículo 58 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El proyecto exige que el Sistema Nacional de Salud implemente de forma estratégica servicios accesibles que abatan las brechas de atención actuales mediante un enfoque preventivo, comunitario y de derechos humanos.
Equipos tácticos contra el suicidio y las adicciones
La columna vertebral de la iniciativa radica en la creación de equipos de respuesta inmediata para situaciones de crisis, integrados por personal clínico altamente capacitado en técnicas para atenuar el escalamiento de crisis emocionales.
Asimismo, la reforma mandata la detección temprana de grupos poblacionales en riesgo de presentar trastornos mentales o adicciones a sustancias psicoactivas, priorizando de manera estricta a los menores de edad que habitan en contextos de alta marginación y vulnerabilidad social.
Para derribar las barreras institucionales, el documento fija la obligatoriedad de realizar campañas permanentes de sensibilización orientadas a reducir el estigma y la discriminación que rodean a la psiquiatría y la psicología en el país.
Además, introduce la participación de observadores externos en derechos humanos y el diseño de un mecanismo de supervisión técnica para vigilar que ningún establecimiento de salud vulnere la dignidad de los pacientes en formación.
Impacto educativo y ahorros presupuestales de largo plazo
En su exposición de motivos, el legislador Anaya Llamas argumentó que la educación pública debe jugar un papel copartícipe. Por ello, la reforma vincula al sector educativo para garantizar el acceso efectivo a la atención temprana y la continuidad terapéutica dentro de las aulas.
Esta sinergia interinstitucional está diseñada para generar un impacto directo y multidimensional en la sociedad mexicana, a fin de lograr, a mediano plazo:
- Reducción drástica de la tasa de mortalidad por suicidio juvenil.
- Elevación del desempeño escolar y disminución de la deserción.
- Mitigación de la violencia intrafamiliar y fortalecimiento del tejido social.
- Generación de ahorros presupuestales masivos por prevención de adicciones crónicas.
La iniciativa concluye señalando que dotar de acompañamiento psicológico continuo e intervención en crisis a la niñez, no representa únicamente una política asistencialista, sino un imperativo jurídico alineado con los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.
De ser aprobado el proyecto por el Pleno de la Cámara de Diputados, se obligará a las futuras administraciones a etiquetar recursos específicos para la salud mental, impidiendo que la falta de dinero, determine la estabilidad emocional del mañana.